La fase de alegatos de las primeras demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406 que avaló el contrato ley entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A., terminan hoy.
La fase de alegatos comenzó el pasado 8 de noviembre y la primera demanda se presentó el 23 de octubre de 2023 por el abogado Juan Ramón Sevillano, que fue admitida el 26 de octubre pasado.
Tanto el procurador de la Administración como el de la Nación han remitido a la Corte Suprema de Justicia sus opiniones sobre las distintas demandas
Caraballo planteó que de acuerdo con las funciones de la Asamblea Nacional, la competencia del Órgano Legislativo es la de aprobar o desaprobar el proyecto de ley del nuevo contrato y no sugerir modificaciones de la ley al Ejecutivo, lo cual, a su juicio, viola la Constitución.
También consideró que no pasó desapercibido que el entonces proyecto de ley no “transitó” por el proceso de consulta ciudadana establecido en la ley que adoptó el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica, o también llamado “Acuerdo de Escazú”.
La firma de abogados Morgan y Morgan, que representa a la empresa Minera Panamá, como parte de sus argumentos consideró que la Ley 406 no es violatoria de las normativas señaladas como infringidas por la parte demandante, ni de los artículos citados como infringidos por el procurador de la Nación ni de ninguna otra norma de la Constitución.
Mientras que en los alegatos de los abogados David Morgan y Simón Tejeira Quirós, quienes también pidieron a la CSJ declarar constitucional la Ley 406, plantearon que el representante del Ministerio Público desconoce que ese acuerdo contractual fue el resultado final de un largo y arduo proceso de negociaciones y consultas que sirvieron directamente de fuente de sus disposiciones contractuales, que recogen en su seno las expresiones de la voluntad ciudadana emitida en consultas tanto en la etapa previa a la firma del contrato como en los debates de la Asamblea Legislativa.
Una vez terminada hoy la fase de alegatos de la demanda interpuesta por el abogado Ramón Sevillano, el pleno de la CSJ de Justicia (CSJ) se declarará en sesión permanente desde este viernes 24 de noviembre para analizar las mismas hasta emitir su decisión.
Las manifestaciones continuaron este miércoles en contra del contrato minero. Miles de estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Panamá (UP) marcharon hacia la CSJ para expresar su rechazo a la Ley 406, y que se declare inconstitucional el contrato de explotación minera suscrito entre el Estado y la filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Mientras que en el interior del país hubo aperturas parciales de las calles.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó por su parte que como consecuencia de las protestas y cierre de calles se han perdido 585.364 citas médicas, de las cuales 35.364 (9,2%) son de los hospitales del Ministerio de Salud y 250.000 (49,2%) de la Caja de Seguro Social.
Con redacción de El Click e información de La Estrella