El procurador de la Administración, Rigoberto González, es del criterio que la Asamblea Nacional no tiene facultad constitucional para derogar la Ley 406 que dio vida al contrato entre el Estado y Minera Panamá.
González fundamenta su posición argumentando que la medida carece de viabilidad, ya que el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución Política de la República se refiere específicamente al control político previo de las acciones de la administración pública en esta materia. Este control se realiza mediante la aprobación o desaprobación del contrato que ha sido previamente negociado y acordado por el Órgano Ejecutivo.
Según el procurador, la derogación legislativa de la ley que aprueba un contrato después de que esta ha entrado en vigor, podría constituir una intromisión en funciones privativas del Órgano Judicial. Esto se debe a que una vez que la ley es aprobada, solo podría perder validez mediante una declaración de inconstitucionalidad emitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad a la cual la Constitución confiere la responsabilidad de “velar por la integridad de la Constitución”.
Es decir, si bien es cierto que el legislador en ejercicio de la función legislativa que le confiere la Constitución Política de la República puede, por regla general, derogar las leyes emanadas de la Asamblea Nacional; no lo es menos que, como toda regla general, dicha posibilidad admite excepciones que nos lleva a concluir que dicho órgano del Estado no puede derogar cualquier ley.
El 9 de noviembre pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) presentó al Ministerio de la Presidencia una nota dirigida al presidente de la República, solicitando la derogación de la Ley 406. Adjuntaron una copia del anteproyecto de ley presentado el 8 de noviembre en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional con ese propósito.
La opinión del procurador de la Administración está contemplada en un documento enviado a la Presidencia, en el que resuelve una consulta sobre la viabilidad o no de derogar la Ley 406 como solicitan gremios magisteriales y sindicatos.
El ministro de Gobierno, Roger Tejada, explicó que la consulta fue realizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, luego de recibir, el pasado 9 de noviembre, la solicitud de los trabajadores y docentes de convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para derogar la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.
A raíz del contrato ley, aprobado el pasado 20 de octubre, se generó una serie de protestas encabezadas por sindicatos de trabajadores, ambientalistas, indígenas y jóvenes que reclaman un país libre de minería.
El gobierno, en un intento para sofocar las manifestaciones, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para decretar una moratoria minera que fue aprobada y sancionada por el Ejecutivo. Sin embargo, la Ley 406 sigue vigente y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas de inconstitucionalidad, para la cual informó que entra en sesión permanente desde el próximo viernes.
Los grupos ambientalistas, aglutinados en el movimiento Panamá vale mas sin minería y los jóvenes, decidieron mantener las manifestaciones y esperar el fallo de la Corte. Mientras que los docentes, indígenas y sindicatos piden la derogación de Ley 406 y mantienen el cierre de calles.
Los docentes mantienen un paro de labores desde hace un mes, cuando se intensificaron las protestas y, ayer, el procurador González les explicó su opinión jurídica que envió a la Presidencia sobre la inviabilidad de derogar la Ley 406.
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, informó que luego de reiterados llamados al retorno a clases, especialmente estos últimos dos días, el Ministerio de Educación tomará las acciones administrativas correspondientes, como la suspensión y retención del pago de la segunda quincena de noviembre a aquellos docentes que no han cumplido con ese pedido.
“Apelamos a ese llamado de retorno a clases, apelamos a esa posibilidad de entendernos, de poder tener un diálogo pacífico y poder culminar el año lectivo”, dijo la ministra en conferencia de prensa.
“Los docentes del sector oficial que trabajan en el sector particular están acudiendo a sus puestos de trabajo”, precisó la ministra de Educación.
Indicó que durante los 17 días hábiles de paro docente, el Meduca ha emitido 11 comunicados y 2 memorandos en los que ha solicitado a los educadores que retornen a las clases presenciales con el objetivo de terminar el periodo escolar.
A la fecha, agregó la ministra, el 25% de la población estudiantil está asistiendo de forma presencial y en diferentes modalidades. También precisó que el 20% de los docentes ha retornado e iniciado un proceso de nivelación y recuperación de las clases.
En cuanto a los estudiantes graduandos, indicó que 110 centros de nivel medio, es decir el 48%, culminarán con el calendario escolar 2023. Igualmente informó que se mantiene la continuidad de los programas de jóvenes y adultos, que incluyen a más de 48.000 estudiantes.
En tanto, el director general de Educación, Guillermo Alegría, manifestó que el tercer pago de la beca Pase U corresponde a las calificaciones que los docentes deben subir al sistema para que el Ifarhu pueda emitir los cheques y los estudiantes hagan efectivo el cobro. “Si no tenemos las calificaciones en este trimestre, no podemos pagar la beca Pase U”, concluyó Alegría.
Los docentes en diferentes gremios señalaron que la lucha contra la Ley 406 seguirá vigente a pesar de la amenaza de la suspensión de los salarios.
Las manifestaciones y cierre de calles siguieron este martes y para hoy se espera una marcha convocada por la Universidad de Panamá.
Con redacción de El Click e información de La Estrella