El Gobierno panameño reveló los primeros pasos del plan de cierre de la mina de Donoso operada por Minera Panamá hasta noviembre pasado, que interrumpió la actividad cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la empresa, subsidiaria de la canadiense First Quantum.
Ayer el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Jorge Rivera Staff, explicó por primera vez desde el pronunciamiento del fallo en qué consistirá este plan que calificó como “primer caso en el mundo” en el que se debe aplicar un programa inmediato de cese de operaciones. El ministro calculó que tomará aproximadamente 2 años la elaboración y hasta 10 o más su implementación.
El periodo comprende una serie de actividades mínimas de preservación ambiental y de gestión segura de instalaciones que imposibilitan cerrar las puertas de la mina de forma inmediata. El anterior pareciera un mensaje dirigido a los grupos sociales que han anunciado marchas en reclamo al cierre de operaciones inmediato de la mina, tal vez desafiando los procesos ordenados, para lo cual requieren de insumos y personal para efectuarse.
El plan revelado por Rivera Staff se sustenta en tres estrategias específicas. La primera, indicó, es el cierre ordenado y definitivo. Una segunda fase se enfoca en la defensa del Estado ante los arbitrajes internacionales ya anunciados por la empresa y dos accionistas que se dirimirán en el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, con sede en Miami, Florida, bajo el tratado de libre comercio suscrito entre las partes como una medida de resolución de conflictos. La tercera etapa, según el ministro, es la sustitución sostenible de la minería metálica en el producto interno bruto, cifra calculada en un 5%.
En el renglón de arbitrajes el gobierno proyecta consultas con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio Público, para lo cual formarán una comisión legal consultiva.
Economistas observan que el ‘golpe’ del cese de actividades de la mina reducirá el crecimiento económico del país en 2024 al menos en un 4% de la cifra inicialmente contemplada, que era un crecimiento del 5,5%. Aunado a esto, este y los futuros gobiernos tendrán que lidiar con una posible rebaja de la calificación del grado de inversión de Panamá en el extranjero que desencadenará en una deuda más cara.
El cierre ordenado y definitivo del proyecto se activará con un plan temporal de preservación ambiental y gestión segura, se desarrollarán auditorías ambientales, técnicas de la actividad y posteriormente un plan poscierre de la mina. El Mici tiene programado contratar y realizar las auditorías de enero a marzo de 2024. Durante esos meses también formará el panel de expertos multidisciplinarios y presentará la guía de los pasos a seguir. De abril a junio de ese año se iniciará el plan de cierre.
En cuanto a la estrategia para la sustitución sostenible de la minería metálica en el PIB, el comunicado de la entidad explica que “se continúa con la ejecución de la ley que prohíbe la minería metálica en el país, “con la recopilación de datos micro y macroeconómicos, y con el desarrollo del análisis costo/beneficio para establecer una línea base a corto y largo plazo”.
El ministro manifestó que conformará espacios sectoriales y territoriales para escuchar a la ciudadanía y elaborar un documento para el cumplimiento del plan de acción.
El gobierno no aclara aún cuánto dinero involucra el cierre de la mina y quién lo pagará. El costo aproximado que calculó el Ministerio de Ambiente es de $800 millones a lo largo del proceso, según conoció ‘La Decana’. El presente es un caso atípico por la situación legal que interviene en el proceso, ya que al haber una ley de moratoria minera que impide la extracción de minerales, limita el financiamiento del plan de cierre. La mayoría de los proyectos mineros que cierran sus puertas lo financian con la extracción del mineral.
El ministro anunciará en los próximos días los gobiernos de países más especializados en la materia que colaborarán en este proyecto crítico. Lo que sí dijo es que tendrá el apoyo del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
El cronograma elaborado abarca del 23 de diciembre con la fase temporal de preservación ambiental, hasta el 24 de junio con el inicio del plan de cierre final y luego el poscierre. El gobierno entrante tendrá que evaluar y coordinar las tareas efectuadas.
Trabajadores de la mina, inconformes
Más de 4.000 empleados de la mina han sido liquidados por la empresa obedeciendo el fallo de la Corte. No obstante, ayer un grupo de trabajadores y contratistas de la minera protestó en las instalaciones del Ministerio de Comercio para exigir al titular que los tome en cuenta como primera opción en el proceso de cuido y preservación del área de concesión, así como labores concernientes al cierre de la mina u otra actividad relacionada.
De igual forma, al quedar sin empleo, los trabajadores solicitaron que se les permita participar activamente en la comisión que organiza estas actividades independientemente de quién se encargue del proceso, ya sea una empresa contratada por el Estado, un organismo internacional u organización no gubernamental.
Con redacción de El Click e información de La Estrella