El consejo de ministros del Gobierno de Panamá acordó el martes crear un equipo destinado a evaluar acciones para proteger los intereses comerciales del país ante las nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano de vestido y calzado reexportado por la Zona Libre de Colón (ZLC).
El «equipo ad hoc» definido en la sesión de este martes analizará «acciones integrales» para «garantizar la protección de sus intereses comerciales en cualquier rubro que pueda ser perjudicado por acciones unilaterales de otros países», informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
Este equipo estará integrado por la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, y los ministros de la Presidencia, Álvaro Alemán; de Comercio, Augusto Arosemena, y de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El ministro de Comercio dijo que «se analizarán todas las opciones a fin de proteger -en toda su integridad- los intereses comerciales del país», sin mencionar en el comunicado a Colombia.
Se esperaba que en la sesión del gabinete Arosemena planteara cuáles medidas puede tomar Panamá frente a la puesta en vigor la semana pasada de dos nuevos decretos que «restringen el acceso al mercado colombiano» de prendas de vestir y calzado reexportados por la ZLC, según había señalado su despacho.
Esos dos decretos presidenciales sustituyen un arancel mixto aplicado por Colombia a los mismos productos desde 2013 y declarado ilegal por la Organización Mundial de Comercio (OMC), de acuerdo a la información oficial panameña.
Ya el Gobierno panameño puso en vigor el pasado 16 de agosto un decreto, que regirá hasta el 31 de diciembre próximo, que elevó las tasas de importación de productos que generalmente vienen de Colombia, como flores, carbón y cemento, una respuesta ante la renuencia de Colombia de desactivar el arancel mixto.
También rige en Panamá desde septiembre una nueva ley de retorsión que crea una lista negra de países que discriminen a Panamá y establece medidas migratorias y comerciales contra esos Estados, a las que el sector empresarial local pide apelar para responder a Colombia.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo el pasado sábado que intentará evitar que el tema arancelario debilite la relación con Colombia, en especial porque es necesaria una estrecha cooperación para combatir el narcotráfico.
Medios locales, que citan al viceministro panameño de Comercio, Manuel Grimaldo, han informado que la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, tiene previsto llegar a Panamá el próximo 22 de noviembre para hablar con el Gobierno panameño del polémico tema.
Los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC), ubicada en el Caribe panameño, instaron este lunes al Gobierno de Panamá a aplicar la ley de retorsión contra Colombia por seguir impidiendo la entrada de calzado y prendas de vestir procedentes de esta zona franca, considerada la más grande del continente.
«Ya es momento (de) que el Gobierno use la ley de retorsión con medidas fuertes y no paños tibios», exhortó la presidenta de los empresarios de la zona franca, Usha Mayani.
El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles del 10% a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC.
La medida, según alegaron en su momento las autoridades colombianas, se tomó para evitar el uso del comercio para el contrabando y el lavado de dinero.
Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar que la decisión de Colombia violaba los compromisos comerciales adquiridos por ambos países y a principios de junio pasado el organismo internacional falló a su favor.
Colombia, en vez de acatar inmediatamente el fallo, anunció la prórroga del arancel, y el 2 de noviembre pasado sustituyó el arancel mixto por dos decretos que endurecen el control aduanero
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