La historia se repitió en espiral. El contrato entre el Estado y Minera Panamá corrió la misma suerte que el anterior con Minera Petaquilla.
Ayer pasada las 7 de la mañana, cuando el país celebraba los 202 años de independencia de España, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, acompañada de los otros ocho magistrados que conforman el pleno anunció el fallo unánime que declara inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, mediante el cual se aprobó el contrato.
Hace seis años, exactamente el 21 de diciembre de 2017, el pleno de la Corte y también de manera unánime decretó inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobó el contrato original, es decir entre el Estado y Minera Petaquilla. Esta empresa tenía la concesión inicial que, después de una serie de ventas, quedó en manos de Minera Panamá.
Ante el primer fallo, el gobierno renegocio el contrato y quedó legalmente constituido con la Ley 406. Ambos contratos tuvieron un eje en común: Fueron otorgado durante administraciones gubernamentales del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El fallo de la inconstitucionalidad de la Ley 406 fue recibido con júbilo por los distintos sectores que por un poco más de un mes mantuvieron manifestaciones de protestas contra del contrato.
En las inmediaciones de la CSJ, un grupo de personas que estaba en vigilia, esperando el anuncio de los magistrados, siguieron la transmisión del mensaje a través de la cuenta de Youtube del Órgano Judicial desde sus teléfonos móviles. Tan pronto la magistrada López anunció el fallo, las personas empezaron a gritar y saltar de alegría y entonaron el himno nacional.
Las emociones empezaron a recorrer el país y algunos se apresuraron a decir por las redes sociales que no solo se celebraba la independencia de Panamá de España, sino también de Canadá. Hacían referencia al origen canadiense de la empresa First Quantum Minerals, tenedora del 90% de las acciones de Minera Panamá.
Inmediatamente, los grupos indígenas abandonaron las calles en la provincia de Chiriquí y se colocaban en las aceras. Las imágenes de los camiones de carga circulando libremente en el Occidente panameño eran un símbolo del regreso a la normalidad del país, después de más de mes en una profunda crisis social.
La celebración de los indígenas estuvo acompañada de un pastel de cumpleaños. Pero, no todos los manifestantes estaban en la misma sintonía de los indígenas.
Santiago, otro bastión de la lucha antiminería, abrió brevemente la vía Interamericana y en cuestión de segundos, otro grupo de manifestantes la bloqueó.
Un breve enfrentamiento entre quienes deseaban abrir la vía, por donde pasan gran parte de los insumos y alimentos hacia Panamá, empañó el momento.
Los gremios docentes, que también han sido protagonistas de las manifestaciones, hicieron lo propio. Salieron a las calles con sus tradicionales tamboritos y empezaron a cantar y bailar. Pero, advirtieron que no regresaran a las aulas hasta que no se cancele la segunda quincena de noviembre a 17,495 educadores y se instaure una mesa de diálogo con la autoridad para finiquitar el paro de labores.
El pleno de la CSJ determinó que el contrato violaba 25 artículos de la Constitución. A la máxima corporación de justicia no le quedó duda que el contrato ley era un conflicto constitucional porque atentaba contra derechos fundamentales de la población panameña como la vida, la salud y un ambiente sano, libre de contaminación
Entre los argumentos de los nueve magistrados estaba que el contrato ley se contraponía a los valores de bienestar social sobre el interés particular que promulga la Constitución en sus artículos 50, 257, 258 y 259.
Después de un profundo análisis de dos demandas de inconstitucionalidad contra el contrato ley, el Pleno concluyó que los casos excepcionales de contratación pública no contemplan la posibilidad de renunciar o exceptuar el procedimiento de licitación pública.
Los magistrados advirtieron que el contrato no se ajustó al mecanismo de selección de concesionario tras no convocarse a una licitación pública.
Otra conclusión a la que llegaron es que constituía una afrenta a la separación de poderes que después una declaratoria de inconstitucionalidad de la CSJ en 2017, se haya negociado un contrato incurriendo en los mismos errores.El contrato – según los jueces – tampoco cumplió con los requisitos prescritos en la ley general de ambiente por tanto riñe con el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Minera Panamá también reaccionó a la decisión de la corporación de justicia. En un corto comunicado expresó que respeta las leyes panameñas y que revisará el contenido del fallo para entender sus fundamentos.
La empresa enfatizó que el contrato ley es el resultado de un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos. Además del fallo, la empresa asegura que también ha escuchado el clamor popular. “Por tal razón nos mantendremos atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor, al igual que los intereses y expectativas legítimas que emergen de una inversión realizada de buena fe en Panamá hace más de 20 años”.
Las celebraciones continuaron durante todo el día y los jóvenes que estuvieron en las protestas en contra del contrato volvieron a concentrarse en horas de la tarde en la calle 50 y esta vez, a diferencia de los días anteriores, las expresiones eran de alegría.
Cortizo anuncia proceso de cierre de mina
El presidente Laurentico C ortizo emitió un mensaje al país en el que aseguró acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia
Gustavo Aparicio
Mensaje al país
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un mensaje a la Nación informó que tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo de la Corte Suprema de Justicia, de inmediato se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina.
“Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas, legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, indicó Cortizo, quien estaba acompañado de los ministros de Comercio, Federico Alfaro; Economía, Héctor Alexander; Ambiente, Milciades Concepción; Trabajo, Doris Zapata; y Gobierno, Roger Tejada.
De acuerdo con el mandatario, en esta coyuntura, las funciones ejercidas por cada uno de los órganos del Estado confirman que la democracia panameña cuenta con los pesos y contrapesos para atender por la vía institucional nuestras diferencias como sociedad.
El presidente Cortizo señaló que quedó demostrado que la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia siempre que esa administración de justicia sea independiente, imparcial y que no dependa de ningún presidente. “Nuestra democracia la defendemos y la cuidamos todos”, subrayó.
“Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que son finales, definitivas y obligatorias”, reiteró Cortizo.
Con redacción de El Click e información de La Estrella
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