Los trabajadores y proveedores de Minera Panamá hicieron una manifestación porque les preocupa la posible pérdida del empleo.
La protesta se llevó a cabo en varios puntos del país, un día después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia en declarar inconstitucional la Ley 406.
“Tú también usas cobre 100% panameño; el cobre es el pilar de la transición energética mundial”, se leía en las pancartas de los trabajadores. Otro de los argumentos de los empleados de Minera Panamá es que las “energías limpias necesitan cobre y la minería ambientalmente responsable es progreso”.
Por su parte, la Cámara Panameña de la Construcción solicitó que se respete, sin limitaciones, el derecho al libre tránsito de la población panameña, de manera que cada ciudadano pueda ejercer este derecho sin más restricciones que las establecidas por la Constitución y la ley.
Además, instó a que cada sector económico se reincorpore a sus actividades cotidianas, propiciando las condiciones para restablecer las actividades sociales, educativas y económicas en todo el territorio nacional. Es importante entender con sano juicio que el proceso de cierre de la mina deberá llevarse a cabo de manera progresiva y ordenada, de modo que no agrave más allá de lo necesario el daño ecológico ocasionado en las áreas afectadas por la actividad minera.
La Capac espera que el gobierno presente a la comunidad panameña una propuesta o plan ordenado de todas las actividades, auditorías y demás componentes necesarios para cumplir con el proceso de cierre de la mina.
Además, una vez satisfechas las acciones legales y administrativas requeridas por este delicado proceso, se espera que los panameños superen las diferencias entre quienes favorecían el proyecto minero y quienes lo rechazaron enérgicamente, para unir esfuerzos en el necesario compromiso de defender los intereses del país ante los potenciales reclamos arbitrales que Minera Panamá pueda presentar contra el Estado panameño.
Los indígenas en la región de Chiriquí volvieron a cerrar la vía internacional, hasta que el fallo de la Corte se publique en Gaceta Oficial.
De acuerdo con los procedimientos, para que el fallo quede ejecutoriado se deben esperar tres días para notificar a los demandantes, al Ejecutivo y a los procuradores de la Nación y de la Administración.
Con redacción de El Click e información de La Estrella