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La Fiscalía de Panamá apeló libertad condicional de Rafael Guardia

La Fiscalía de Panamá apeló la libertad condicional concedida por problemas de salud a Rafael Guardia Jaén, un ex alto funcionario de la Administración de Ricardo Martinelli, y pidió cambiarla por el arresto domiciliario, informaron fuentes oficiales.

«Si bien es cierto que existe una condición clínica, el Código de Procedimiento Penal plantea otros tipos de medidas cautelares, como por ejemplo la medida cautelar domiciliaria, que garantiza el arraigo del imputado frente al proceso penal», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La libertad condicional, una medida que todavía no es firme y que tiene que ser aprobada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, fue concedida por los juzgados V y XV para los ocho procesos judiciales que se le siguen a Guardia Jaén por ordenar compras con supuestos sobrecostes millonarios.

La Fiscalía de momento solo ha apelado la libertad condicional en el caso de la compra de los instrumentos musicales, pero en los próximos días apelará los otros procesos, indicó a Efe una fuente fiscal.

Entre las irregularidades supuestamente cometidas por Guardia Jaén al frente del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) se encuentran la compra con sobrecostes de llantas, granos y mochilas escolares y el alquiler irregular de varios helicópteros.

El exfuncionario, detenido en la cárcel El Renacer desde 2014, ha aceptado las acusaciones en su contra y las autoridades panameñas le han confiscado al menos 13 millones de dólares, entre efectivo, propiedades inmobiliarias y bienes.

Tanto Guardia Jaén como otro antiguo director del PAN de la era Martinelli, Giacomo Tamburrelli, actualmente en arresto domiciliario, han involucrado en sus supuestas irregularidades al exmandatario, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014.

Martinelli, quien abandonó el país en enero de 2015 y vive actualmente en Miami, tiene media docena de causas abiertas en los tribunales por supuesta corrupción y se encuentra a la espera de que EE.UU. responda a una solicitud de extradición tramitada por la Cancillería panameña por un caso de escuchas ilegales.

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