Desde que la ACP anunció que licitaría la construcción y operación de un puerto de contenedores en Corozal, varias personas señalaron que resultaba absurdo aumentar la capacidad portuaria del país en un momento en que el comercio internacional y la carga de trasbordo local venían cayendo, a lo que posteriormente se le sumó la incertidumbre generada por el proteccionismo del nuevo presidente de los Estados Unidos.
Desde ese momento inició lo que parece ser una guerra de poderosos titanes económicos entre los que quieren el nuevo puerto y los que se oponen.
Ante estas afirmaciones, la ACP y un número de personas relacionadas con la misma, así como aquellos que alegan promover la mejoraría de la competitividad logística de Panamá, señalaron que debería continuarse con el proceso de licitación para determinar si realmente existía apetito comercial y económico por el ambicioso y costoso proyecto.
Además, la ACP, como ente promotor y defensor del proyecto, señalaba que ya habían precalificado cuatro de los principales operadores portuarios del mundo, lo que demostraba, según la el organismo y los defensores del proyecto, que sí había interés comercial por desarrollarlo.
Ese fue el ambiente en el que se llevó adelante el evento de licitación, que como ya sabemos fue declarado desierto porque ninguna empresa de las supuestamente interesadas siquiera presentó una propuesta.
En consulta hecha a una fuente muy cercana a la ACP que defendía la licitación como mecanismo para demostrar si había o no interés comercial, reconoce ahora que no hubo nunca interés comercial.
Sin embargo, la ACP y los otros defensores del proyecto alegan que no se presentaron propuestas por miedo a la oposición que la empresa PPC le hizo al proyecto.
En otras palabras, el valor comercial del puerto y el costo de presentar una propuesta no valía más que el riesgo que suponía seguir adelante ante la oposición de PPC.
Al consultar a una fuente que se opone al proyecto del nuevo puerto, señalo que “para vergüenza reiterada de estos defensores de lo absurdo, la afirmación hecha por la ACP se cae de su peso por las siguientes razones: En primer lugar la oposición de PPC se lleva a cabo mediante acciones legales que, dicho sea de paso, son la forma correcta para que en un Estado de Derecho se diriman las controversias, y en segundo lugar se defiende un derecho ante los tribunales. Estos deciden si tiene o no razón”.
Otra fuente que se opone al proyecto agregó que “ninguna de las acciones entabladas pudieron afectar la licitación ni su correspondiente adjudicación, pues en ninguna de ellas se ordenó la suspensión de acto alguno que impidiese la continuación del proceso.”
En investigaciones realizadas por este diario, trascendió que existe prueba escrita que contradice lo que alega el Canal y los otros defensores del faraónico proyecto. Precisamente antes de la fecha de la licitación, una de las empresas precalificadas ya le había notificado a la ACP mediante nota formal que no iba a participar en el acto porque el proyecto no era económica ni comercialmente viable.
Dicha carta, aún no se ha hecho pública, por lo que quienes se oponen al proyecto se preparan para pedir la misma por vía de la ley de transparencia.
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