El Tribunal Superior de Liquidación confirmó este martes la condena de 12 años de prisión al expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business, un escándalo de corrupción que involucra la compra de Editora Panamá América.
En el fallo, el Tribunal también confirmó la condena de prisión contra Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha Chevalier y Valentín Martínez Vásquez, todos condenados por el delito de blanqueo de capitales.
Los magistrados del tribunal consideraron mantener la sentencia contra estas personas, ya que los abogados recurrentes no lograron desvirtuar “las pruebas de cargo y análisis desarrollado en la sentencia de primera instancia” por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.
La condena de Martinelli es un golpe para el exmandatario, quien enfrenta otros procesos judiciales por corrupción y busca la Presidencia de la República por el partido Realizando Metas.
La defensa de Martinelli argumentó que la fiscalía continuó realizando diligencias para el descubrimiento de la verdad durante el vencimiento del término de investigación, lo que vulneró el debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Liquidación consideró que los argumentos de la defensa no fueron suficientes para anular la sentencia de primera instancia.
La defensa de Martinelli cuestionó la credibilidad del perito Eliseo Ábrego, quien fue el encargado de realizar la pericia contable en el caso New Business.
Argumentó que Ábrego no fue claro en su testimonio en la audiencia ordinaria, ya que no sustentó sus planteamientos de forma adecuada ante los cuestionamientos de la defensa.
Además, la defensa señaló que la pericia de Ábrego no se basó en un solo documento societario, sino que se valió de una certificación emitida por Ricardo Chanis, quien nunca ha sido agente residente de las sociedades Meadows Investment, Ibiza Overseas y Corporación de Inversiones Multimedios.
La jueza Baloisa Marquínez, quien dictó la sentencia de primera instancia, también sancionó a Martinelli con el pago de $19,2 millones como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa), el conglomerado de tres medios escritos que adquirió en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.
La jueza Marquínez señaló que uno de los delitos cometidos por Martinelli, y las otras cuatro personas que recibieron penas de entre 60 a 96 meses de prisión, fue encubrir el dinero ilícito proveniente de fondos del Estado en diferentes tiempos, pero con el mismo propósito, que fue asegurar la compra de Epasa mediante dinero “originado de delitos contra la administración pública”.
Los hechos se consumaron cuando Martinelli “podía ejercer control y manipular a personas que debían ser garantes del sistema financiero, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que tenían contratos de obras públicas para que accedieran al pago de comisiones que serían usadas para la compra del medio de comunicación y la cancelación de facilidades crediticias de terceros”, sustentó la jueza.
El tribunal tomó la decisión luego de hacer una ruptura procesal por la admisión de un amparo de garantías constitucionales presentado por uno de los absueltos en el caso de New Business.
La defensa legal de Vernon Salazar Zurita presentó el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Salazar es una de las personas absueltas en el caso, pero el Ministerio Público presentó un recurso de hecho que fue admitido por el tribunal, porque se declaró extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público contra la sentencia mixta N° 2 del 17 de julio de 2023.
“En consecuencia se solicita a la autoridad demandada (tribunal) el envío de la actuación a esta superioridad (pleno de la Corte), si la hay o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia de esta acción y los antecedentes dentro del término de las dos horas siguientes a la presentación de la notificación de esta resolución judicial”, detalla el documento con fecha del 18 de octubre.
El recurso de amparo de garantías constitucionales quedó en manos del magistrado Cecilio Cedalise.
El fallo del Tribunal Superior establece que se mantiene la orden de suspensión de la sentencia hasta tanto se resuelva el amparo de garantías constitucionales.
La investigación comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, relacionado con la compra de un medio de comunicación.
El expresidente Martinelli reaccionó en su cuenta X, a la sentencia. “El gobierno incapaz de manejar inteligentemente la actual crisis social, optó por intentar distraer a los panameños, con un ilegal fallo de segunda instancia que busca invalidar mi candidatura presidencial”, escribió en su red social.
“Se comprueba que algunos miembros del Órgano Judicial están al servicio de intereses económicos y políticos tradicionales; reiteramos que la democracia panameña está en peligro”, recalcó.
El fallo del Tribunal Superior también ratifica la decisión de la jueza Marquínez en ordenar el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A. que edita los diarios Panamá América y Crítica.
Con redacción de El Click e información de La Estrella