El abogado y ambientalista Harley Mitchell Morán, una de las voces que se opuso a la concesión de Minera Panamá, representaba a una empresa que buscaba la concesión para la exploración de minerales metálicos.
Mitchell Morán solicitó, en representación de Minera Santa Fe, una aclaración en el proceso de concesión para la exploración de minerales en el 2016.
Los documentos presentados al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) revelan que esta exploración estaba destinada a la búsqueda de oro y otros
La ubicación propuesta para la minera abarca extensas áreas en Tortí, El Llano, La Unión Santeña y Chimán que totalizaban 13,320 hectáreas.
En el año 2017, Mitchell recordó que la empresa había obtenido la concesión, y en ese momento no existía ninguna orden de revocatoria. Con esta premisa, solicitó que se procediera con la formalización de la concesión correspondiente.
En los recursos presentados al Mici, Mitchell expresó su preocupación por la “mora injustificada” en el proceso, tanto en el silencio mantenido por la oficina dirigida por Temístocles Velarde, director de Recursos Minerales, como con la relación con la petición original y otras solicitudes presentadas en nombre de su cliente.
La interrupción prolongada del proceso generaba perjuicios económicos acumulativos para la empresa que representaba, reclamada ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
Michell en una entrevista con La Estrella de Panamá explicó que la propuesta de la empresa Santa Fé era de ínfima escala y era sólo para exploración, a diferencia del contrato minero con Minera Panamá que siempre fue inconstitucional.
Eso sí, dijo, como me desligué del tema, entendiendo que a esa empresa, en virtud de la nueva Ley 407, ya ni concesión de exploración podría tener. La Corte Suprema de Justicia, en su reciente fallo, señaló que la única manera de obtener concesión era la oferta o la concesión, tal como dice el Código Minero, recalcó el abogado y ambientalista.
El ambientalista demostró que la gestión que realizó para la empresa no es contraria a su lucha en contra de la Ley 406, que fue declarada inconstitucional, porque la petición que hizo a la empresa era pegada al Código Minero. “El trámite o la expectativa de saber si existen minerales metálicos en las zonas era algo que estaba trancado y por eso se presentó el impulso, en mejor lenguaje, era un proceso que estaba detenido sin explicación alguna”, recalcó.
En pro del debido proceso y de la información pública se realizaron esas solicitudes para la empresa, mientras que el contrato Ley 406 violaba la Constitución y el Código Minero. “No tiene comparación y no contradice en nada mi lucha en contra de la Ley 406 o de otros emprendimientos mineros que si han provocado daños ambientales y que tienen procesos administrativos y penales”, dijo.
Recordó que la solicitud que presentó era un mero trámite.
Con redacción de El Click e información de La Estrella