Mientras avanzan los diversos procesos relacionados con las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 que avaló el contrato minero, la empresa Minera Panamá (First Quantum Minerals) advirtió que se reserva el derecho de utilizar todas las opciones disponibles para protegerse, de acuerdo con sus derechos contractuales y la ley internacional.
El pronunciamiento de Minera Panamá se produjo ayer luego de anunciar que ha comenzado a reducir las operaciones del procesamiento de minerales en la mina debido a un bloqueo “ilegal“ ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón .
“Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía, que es necesario para el pleno funcionamiento y para el manejo seguro del medio ambiente, incluido el funcionamiento y mantenimiento de la instalación de gestión de relaves. Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques”, informó la empresa en un comunicado.
Asegura que en caso de que las actividades normales en el puerto no se restauren, la disminución en el procesamiento de minerales en Cobre Panamá tendrá un impacto directo en más de 7.000 colaboradores y contratistas, así como en otras 40.000 personas cuyos medios de vida dependen directamente de la prestación de servicios a la mina.
En tanto, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ayer se inició el periodo de 10 días para la presentación de los alegatos de las personas interesadas en emitir una opinión respecto a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas.
En total ya han sido interpuestas ante la CSJ nueve demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406.
Uno de los que acudió a este llamado fue el fiscal del Partido Panameñista, Porfirio Batista, quien presentó dentro del término un alegato en la Corte Suprema de Justicia en favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió otras tres demandas en las que reitera que la Ley 406 es inconstitucional.
Se trata de las demandas presentadas por los abogados Martín Molina, Ernesto Cedeño y otro grupo de 26 juristas, cuyas opiniones llegaron a la CSJ el pasado 9 de noviembre.
González, además de plantear que la Ley 406 viola normas constitucionales al existir en este documento referentes cláusulas sobre la apropiación de bienes de la nación por Estados extranjeros, afirmó que no hubo una amplia consulta ciudadana en torno al proyecto modificado.
En la demanda interpuesta por el abogado Molina, González consideró que “se ha infringido la Constitución Política, debido a la aprobación de la Asamblea Nacional, sin realizar un análisis para calificar de bueno y suficiente el contrato de concesión, dispuesto en el artículo 159 (numeral 15), cuya aplicación y alcance fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia, en pleno, en la sentencia de 21 de diciembre de 2017”.
Ayer, aunque con menor intensidad, se produjeron algunos cierres de vías en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón; y la vía Interamericana, a la altura de Santiago, provincia de Veraguas, se mantiene totalmente cerrada. Unas alcantarillas a lo largo y ancho de la carretera impiden el libre tránsito.
La vía, una de las más importantes del país, se ha mantenido cerrada durante 24 días de protestas, lo que ha causado una profunda crisis social e impactado seriamente al sector agropecuario del país.
Mientas que la mayoría de los puntos de cierre o denominados bastiones de lucha de los pueblos originarios en el oriente de la provincia de Chiriquí fueron reabiertos por 12 horas para permitir el paso de alimentos, medicinas, insumos y otros artículos de primera necesidad.
En tanto, los gremios docentes se concentraron una vez más en las inmediaciones de la iglesia del Carmen, en vía España, para exigir la derogatoria de la Ley 406.
Por su parte, un grupo reducido de estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) mantuvo el cierre de la vía Simón Bolívar, impidiendo por 24 días consecutivos el paso fluido de vehículos por esta transitada calle.
Según informó el Consejo Empresarial Logístico (Coel), a través de su presidente Hugo Torrijos, los bloqueos de carreteras que se mantienen en varios puntos del país han ocasionado que el sector logístico, marítimo y portuario de Panamá sufra pérdidas diarias por el orden de $200 millones.
Cerca de 175.000 citas se han perdido en la CSS
Gustavo A. Aparicio
Al menos 175.000 citas se han perdido en la Caja de Seguro Social (CSS), debido a las protestas y cierre de calles registrados en el país.
De estas citas perdidas, 67.000 corresponden a medicina general y otras 60.000 a medicina especializada, sin contabilizar servicios de apoyo como laboratorio, rayos X, odontología, nutrición y enfermería.
Chiriquí, Bocas del Toro y Colón son las provincias más afectadas, en donde se ha registrado la mayoría de las citas perdidas.
Según informó el director nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, el doctor Gustavo Santamaría, en estos momentos no hay luces de que se vayan a abrir las vías, y ante esto, “tenemos una población que requiere estos servicios”.
Explicó que, por ejemplo, en Panamá hay citas perdidas y las personas acuden a especialidades de alta demanda que solo se dan en la ciudad capital”, indicó.
Con relación a los seis camiones de la CSS cargados con medicamentos e insumos médico quirúrgicos que permanecieron detenidos durante días por el cierre de vías, Santamaría señaló que gracias a la apertura que hubo lograron abastecer, durante el fin de semana, las diferentes instalaciones de salud en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. Entre esos medicamentos e insumos figuran para pacientes que requieren de diálisis peritoneal, cuyo tratamiento es tres veces a la semana; de igual manera se logró suplir las necesidades de los pacientes hospitalizados.
Con redacción de El Click e información de La Estrella