El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela sancionó un proyecto de ley aprobado por el parlamento que permite los acuerdos judiciales a cambio de rebajas de pena en uno de los dos sistemas procesales que funcionan en el país.
El proyecto de ley 245 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal para evitar el hacinamiento en centros penitenciarios y otras disposiciones fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) el 13 de febrero y publicado este viernes en la Gaceta Oficial con la firma del mandatario.
La legislación, que entre otras cosas establece el acuerdo de reducción de penas a cambio de una confesión, aplica para el Sistema Inquisitivo Mixto de Justicia, un marco procesal que fue suplantado por el Sistema Penal Acusatorio pero que sigue vigente para todos los delitos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016.
El proyecto causó polémica por la posibilidad de que los delincuentes salieran impunes tras aceptar sus delitos, más aún tras ser revelados distintos casos de corrupción, como el que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
Para evitar la impunidad, en la AN los diputados modificaron el artículo 20 del proyecto de forma que los colaboradores reciban solo rebajas en sus condenas.
El secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, ha expresado que la delación premiada busca que el imputado «colabore de manera eficaz» con las autoridades judiciales, aportando datos que esclarezcan el hecho delictivo para evitar que este continúe.
El proyecto fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado Canals, y en la AN fue devuelto en al menos tres ocasiones al primer debate para ampliar las consultas y hacerle modificaciones.
Las críticas a la iniciativa arreciaron cuando en enero pasado la fiscal general, Kenia Porcell, dijo que Odebrecht se había comprometido verbalmente a devolver «los primeros 59 millones de dólares» que pagó en sobornos entre 2009 y 2014, una cifra que reveló en diciembre la Justicia estadounidense.
La posibilidad de un acuerdo con la compañía hizo que varios diputados de distintas bancadas exigieran investigaciones completas sobre los posibles actos de corrupción, que supuestamente beneficiaron a la familia del presidente de entonces, Ricardo Martinelli, entre otras personas.
Dos hijos del mandatario que tienen en su contra una alerta roja de Interpol están entre los 17 requeridos por la Fiscalía panameña dentro de las investigaciones relacionadas a Odebrecht.
La multinacional de origen brasileño ha construido importantes infraestructuras en Panamá y actualmente participa en proyectos que superan los 3.000 millones de dólares, como la Línea 2 del Metro y la ampliación del principal aeropuerto.
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