El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo este viernes que su prioridad es defender los empleos de los trabajadores afectados por la inclusión en la «Lista Clinton» de Estados Unidos de las empresas panameñas de la familia Waked.
El mandatario rechazó así las quejas de Abdul Waked, cabeza del grupo empresarial Wisa, quien reclamó la falta de apoyo del Gobierno tras haber sido señalado por blanquear dinero proveniente del narcotráfico a través de su conglomerado.
El gobernante afirmó a periodistas que «la responsabilidad del Gobierno es proteger los empleos (de los trabajadores afectados por el aislamiento de las empresas)», y que «las personas que están siendo cuestionadas por otros casos en EE.UU. les toca defenderse».
Varela añadió que el Gobierno hace «lo mejor posible por proteger los empleos» en las diferentes empresas sancionadas por la medida de EE.UU., que emplean a 4.000 personas en el país.
Recordó que muchos de los trabajadores de Waked International (Wisa) que perdieron sus empleos han sido reubicados por el ministerio panameño de Trabajo en otros puestos y, resaltó, «hasta contratados por el Gobierno en otros casos».
«Así que a mí me toca defender los empleos, a quien está siendo cuestionado le toca defenderse él. Mi responsabilidad no es defender personas que están siendo cuestionadas por Gobiernos extranjeros por otro tema», expresó Varela.
Waked, que no ha sido acusado penalmente por estos casos, reconoció hoy en declaraciones a periodistas que en sus empresas «estamos completamente, completamente asfixiados», poco después de reunirse con la directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá.
El pasado 5 de mayo, Waked, y su sobrino, Nidal Waked, fueron incluidos por el Tesoro estadounidense en la llamada «Lista Clinton», y el último fue detenido en Colombia por requerimiento de una corte de Florida (EE.UU.).
La inclusión implica, entre otras medidas, la congelación de todos los activos de la familia en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos de ese país de realizar transacciones financieras con las 68 empresas implicadas en la trama.
El Gobierno de Panamá conformó entonces una comisión interministerial para negociar con las autoridades estadounidenses y tratar de garantizar los máximos puestos de trabajo posibles.
Ello en virtud de que el grupo empresarial emplea a más de 4.000 personas en bancos, casas de valores, centros comerciales, inmobiliarias, casinos y medios de comunicación.
El Tesoro de EE.UU., tras varias semanas de negociaciones, expidió una serie de licencias temporales a algunas de las empresas presuntamente involucradas, entre ellas los diarios locales La Estrella y El Siglo y el lujoso centro comercial Soho Mall, lo que les permite seguir funcionando durante un tiempo determinado.
Otra de las empresas de la familia, los exclusivos almacenes Félix B. Maduro, operan después de que Abdul Waked entregara la propiedad del negocio a un fideicomiso para desvincularse del mismo.
Waked, sin embargo, acusó hoy al Ejecutivo de inoperancia e instó a las autoridades panameñas a que pidan a EE.UU. las pruebas que lo vinculan con el narcotráfico.
«El Gobierno de Panamá no ha hecho absolutamente nada para resolver nuestro problema», criticó el empresario panameño de ascendencia libanesa.
El próximo 12 de septiembre, la cúpula del CNA mantendrá una reunión sobre el asunto con la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, anunció hoy su presidente, José Alberto Álvarez.
«Lo sucedido en este caso es el peor atentado contra la Justicia panameña; el Gobierno debe tener una actitud más enérgica sobre este asunto. No estamos diciendo que defiendan al señor Waked, sino que presenten las pruebas que hay contra el empresario, si es que las hubiera», apuntó Álvarez.
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