El Tribunal Supremo de EE.UU. dio luz verde al estado de Arkansas para reiniciar ejecuciones al rechazar la petición de un grupo de presos condenados a muerte que habían interpuesto una demanda contra su protocolo de inyecciones letales.
La fiscal general de Arkansas, la republicana Leslie Rutledge, informó tras conocer la decisión del Supremo que solicitará a la gobernadora, la también conservadora Asa Hutchinson, que fije las fechas para ejecutar a los presos que han agotado todos sus recursos.
Una decena de los 34 presos condenados a muerte en Arkansas han agotado sus procesos legales, por lo que el estado puede proceder a ejecutarlos.
«La decisión del Alto Tribunal cierra este caso, lo que significa que pueden avanzar las ejecuciones en Arkansas y que las familias de las víctimas verán como se les aplica justicia a aquellos que cometieron crímenes atroces contra sus seres queridos», apuntó Rutledge.
Los presos demandantes, nueve en total, pedían a los magistrados que declarasen ilegal el protocolo de ejecuciones, ya que permite al estado mantener en secreto la fuente de los fármacos letales.
Pese a la luz verde del Supremo, las fechas para ejecutar a estos presos son todavía inciertas, pues uno de los fármacos que Arkansas utiliza para sus inyecciones letales caducó en enero pasado y conseguir nuevas dosis no es tarea fácil por la negativa de las farmacéuticas a venderlos.
Arkansas no ejecuta a ningún preso desde 2005 y es uno de los numerosos estados que tiene la pena de muerte empantanada en los tribunales por demandas contra sus protocolos.
Desde que el Tribunal Supremo restauró la pena de muerte en 1976, 1.446 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, 27 de ellos por Arkansas.
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