El Tribunal Superior de Nueva Zelanda ratificó este lunes el fallo a favor para la extradición de Kim Dotcom a Estados Unidos por fraude, pero rechazó que esta se haga en base a delitos de violación de derechos de autor.
El empresario alemán, fundador del portal Megaupload y sus exsocios Finn Batato, Mathias Ortmann y Bram van der Kolk son requeridos por la justicia estadounidense, que los acusa de 13 delitos, incluidos los de crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico.
El juez Murray Gilbert ratificó el fallo emitido en diciembre de 2015 por un tribunal de Auckland al considerar que existen pruebas suficientes para considerar a los cuatro acusados susceptibles de ser extraditados a EEUU.
Según el magistrado, la extradición se puede realizar al tratarse en esencia de un caso de fraude, un delito contemplado por el tratado de extradición, pero admitió que no puede justificarse por cargos de violación de derechos de autor.
Gilbert aceptó así el recurso de la defensa, que argumentó que Nueva Zelanda no tiene tipificado como delito la comunicación al público a través de la red de obras protegidas por derechos de autor, lo que impediría activar el tratado de extradición.
El abogado de Dotcom, Ron Mansfeld, destacó que el fallo demuestra que su cliente no cometió ningún delito bajo las leyes neozelandesas de derechos de autor y se mostró confiado en poder revocar la extradición en la Corte de Apelación.
«Esto iba a ser un caso de derechos de autor y no es un delito en el marco de nuestra Ley de Derechos de Autor. Pero el juez determinó que, a pesar de ello, puede efectuarse una extradición bajo la Ley Criminal. No lo aceptamos», dijo Mansfield, según la cadena TVNZ.
Dotcom celebró la decisión del juez y aseguró que su caso seguirá al menos dos años más en los tribunales neozelandeses.
«Fallo: ya no voy a ser extraditado por derechos de autor. Ganamos en esto. Me van a extraditar por una ley que ni siquiera existe», dijo Dotcom en su cuenta de Twitter.
Los abogados de la defensa tienen un mes para presentar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones, que a finales de año podría comenzar a abordar un caso que aun tendría recorrido en el Tribunal Supremo neozelandés.
Dotcom y sus exsocios fueron detenidos en enero de 2012 en un vasto operativo en Auckland orquestado por el FBI estadounidense, que incluyó el cierre del sitio de descargas Megaupload, la incautación de sus bienes y la congelación de sus cuentas, lo que dio inicio a una compleja batalla por su extradición que se ramificó en varios procesos.
La detención fue llevada a cabo con una orden en la que Dotcom era imputado con cargos relacionados con los derechos de autor, una acusación en la que también se basa la causa de la justicia de EEUU en su contra.
Dotcom aseguró que también estudiaba tomar medidas legales por su arresto una vez comprobado que este fue realizado en base a un delito que no existía en Nueva Zelanda, y denunció que se le quiera imputar «por la puerta de atrás» con fraude para justificar la extradición.
«Mi orden de detención, el documento que inició todo esto en Nueva Zelanda, no era por fraude. En mi orden de arresto no hay nada por fraude», señaló el informático en una entrevista al diario New Zealand Herald.
Dotcom y sus socios están acusados de pagar a usuarios para que guardaran archivos en Megaupload y luego cobrar a otros para poder utilizarlos sin respetar los derechos de autor, en lo que la acusación calificó como «simple estrategia de fraude».
Las autoridades estadounidenses creen que Megaupload, que llegó a tener 50 millones de usuarios, logró un beneficio de unos 175 millones de dólares por supuestamente alojar material ilegalmente.
También se atribuye a Megaupload haber provocado pérdidas de más de 500 millones de dólares a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías.
Hasta ahora, de los siete miembros de Megaupload imputados en EEUU solo ha sido condenado el programador estonio Andrus Nomm, al que le impuso una pena de poco más de un año de cárcel en ese país, que ya ha cumplido, tras admitir que violó los derechos de autor.
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