El presidente brasileño, Michel Temer, garantizó este jueves que, aún si fuera declarado culpable de financiación ilegal de campañas, llegará al final de su mandato, el 1 de enero de 2019, y entregará un país «en orden» y con la economía saneada.
«Si hubiera una sentencia definitiva, será acatada», aseguró en una rueda de prensa en referencia a investigaciones que realiza la justicia electoral sobre la financiación de su campaña de 2014, pero apuntó que todo fallo «puede ser y sería apelado», con lo que un proceso de ese tipo se extendería más allá de enero de 2019.
En 2014, Temer fue compañero de fórmula de Dilma Rousseff, quien fue reelegida en esos comicios pero destituida en agosto pasado por unas irregularidades fiscales que dejaron en el poder a su entonces vicepresidente.
En las últimas semanas, informaciones obtenidas por la prensa sobre testimonios dados por antiguos ejecutivos de la constructora Odebrecht que colaboran en la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras, salpicaron tanto a Temer como a algunos de sus ministros en posibles irregularidades en la campaña de 2014.
Según esos testimonios, aún no hechos públicos en forma oficial pero filtrados a la prensa, Temer habría solicitado a Odebrecht la suma de 10 millones de reales (unos tres millones de dólares) en nombre del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) para la campaña de esa formación, que presidía en la época.
De acuerdo a esas informaciones, el dinero tendría la corrupción como origen y habría sido entregado en efectivo y en dos partes, una recibida por el actual ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, y otra por José Yunes, un asesor del mandatario que renunció tras conocerse esas supuestas delaciones.
Así como descartó que la investigación de la justicia electoral pueda llevar a su destitución, Temer también negó que «por ahora» se plantee reformar su gabinete como consecuencia de esas sospechas.
«Padilha sigue firme y fuerte», aseguró Temer, quien insistió en que «supuestos» testimonios de delatores filtrados a la prensa «no pueden» llevar a decisiones de Gobierno y mucho menos a destituir a «uno u otro ministro».
Temer garantizó que todas las investigaciones en marcha en la justicia «son fundamentales» para el país, pero agregó que «no puede «permitir» que «obstaculicen» la gestión del Gobierno, sobre todo en momentos en que Brasil está hundido en una aguda crisis económica.
Sus «principales objetivos», según reiteró hoy, son «acabar con la recesión», «sanear la economía», «recuperar el crecimiento y la creación de empleo» y entregar en enero de 2019 un país «en orden» y «pacificado».
En ese marco, hizo un repaso de las polémicas e impopulares medidas económicas anunciadas en los últimos meses, sobre las cuales volvió a admitir que solo pudo plantear gracias a sus bajos índices de popularidad, que se sitúan en torno al 10%.
«Aprovecho esas bajas tasas para adoptar medidas necesarias, que un Gobierno con amplia aprobación no podría ni proponer», reconoció Temer, quien apuntó que «la popularidad puede ser una jaula».
Entre esas medidas, destacó la limitación impuesta al aumento del gasto público anual durante las próximas dos décadas, período en que estará restringido a la tasa de inflación del ejercicio anterior.
Temer admitió que esa iniciativa generó una ola de protestas en todo el país, pero insistió en que «si ahora hay críticas, mañana habrá reconocimiento», ya que ese ajuste del gasto era «inaplazable» y «necesario» para comenzar a estabilizar la economía del país.
También reiteró que, «aunque no hay magia en la economía», las previsiones del Gobierno apuntan que habrá una recuperación en 2017, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá una ligera expansión, que no precisó pero que el Banco Central calcula en escaso 0,8%.
Asimismo, insistió en que las duras reformas económicas que ha propuesto «seguirán acompañadas por políticas sociales», de apoyo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En ese sentido, anunció una próxima reducción de las tasas de interés aplicadas a tarjetas de crédito, que llegan actualmente a un elevadísimo 400% anual, y que los trabajadores tendrán acceso inmediato a unos fondos de garantía hasta ahora reservados para el momento en que quedan sin empleo o se jubilan.
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