El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, instó al Gobierno a solicitar la remoción del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien acusó de pretender «perpetrar agresiones contra el pueblo» y la Constitución del país.
En una declaración leída desde la sede del tribunal, Moreno rechazó el informe presentado por Almagro el pasado 13 de marzo en el que el uruguayo pidió a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión de la OEA, un proceso complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros del organismo.
El magistrado tildó de inaceptable esta propuesta «por cuanto pretende desconocer la independencia del poder judicial», y consideró que atenta contra «la Constitución» y «la paz» del país petrolero.
Aseguró que el Estado venezolano garantiza el goce y ejercicio de los derechos humanos y que esto «se pretende desvirtuar bajo un falso supuesto con el propósito de suspender» al país de la OEA y, de paso, «generar una matriz internacional que deslegitime al poder judicial».
El presidente del Supremo condenó «el ataque ofensivo» de Almagro a las instituciones del país y denunció que con ello se pretende «instigar acciones desestabilizadoras», «atentar contra la existencia de Estados soberanos» y afectar el diálogo político en Venezuela, aunque este se encuentra suspendido desde diciembre pasado.
A su juicio, el informe crítico sobre Venezuela presentado por el secretario general de la OEA es «un escrito con expresiones cargadas de subjetividad y de emocionalidad, impropias del lenguaje jurídico y diplomático», que «desvela complicidad con los factores desestabilizadores de la democracia en el continente».
Por ello, el Supremo se compromete a atender «las acciones formuladas por el resto de los poderes públicos y el poder popular para defender y hacer cumplir el orden jurídico y garantizar la paz del pueblo soberano», así como a respaldar la política exterior del Gobierno «en defensa de la institucionalidad democrática».
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