El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el incumplimiento de varias sentencias.
«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», reza una sentencia de dicha Sala.
Esta decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas «requerirá la aprobación previa» de la AN, «a cuyo efecto el Ejecutivo (…) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República».
La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.
Sin embargo, el Supremo resolvió que «no existe impedimento alguno» para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional «de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones».
Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, «actuando de facto», no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.
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