El presidente del Tribunal Supremo británico, David Neuberger, inició este lunes el histórico recurso sobre el «brexit» y dejó claro que la corte sólo se limitará a evaluar un asunto «legal», de manera «imparcial», y no «cuestiones políticas».
Neuberger es uno de los once jueces que desde hoy y hasta este jueves atienden el recurso del Gobierno contra un dictamen anterior que le exige la autorización del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso formal de negociación sobre la salida del Reino Unido de la UE.
«Esta apelación atiende asuntos legales y, como jueces, nuestro deber es considerar estos asuntos de manera imparcial y decidir el caso en virtud de la legislación. Esto es lo que vamos a hacer», puntualizó el presidente de la máxima instancia judicial británica.
Neuberger añadió que reconocía el gran interés público que el caso ha generado y los «fuertes sentimientos» asociados con el voto a favor del «brexit» y sus consecuencias políticas, pero dijo que la corte tiene la obligación de dejarlos a un lado en este caso.
Al mismo tiempo, el juez avisó de que no podrán darse detalles del domicilio de las personas implicadas en el recurso puesto que han recibido amenazas de violencia y abusos por ejercer su «derecho fundamental» de acudir ante un tribunal.
En ese sentido, dijo que estos abusos «socavan el estado de derecho» y que el tribunal tiene el deber de asegurar que la Justicia esté disponible para cualquier persona.
Tras la introducción, el abogado general del Estado, Jeremy Wright, empezó a desgranar sus argumentos de que es el Gobierno de Theresa May el que tiene la potestad de activar el artículo, después de que los británicos votasen en referéndum -el pasado 23 de junio- a favor de salir del bloque europeo.
Wright subrayó que el plebiscito arrojó un «claro» resultado puesto que fue respaldado por 51,9% de los votantes.
El Gobierno presentó el recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres considerase el pasado noviembre que May no puede invocar el artículo 50 sin consultar antes a las dos cámaras parlamentarias -Comunes y Lores-.
La primera ministra ya ha indicado que tiene intención de invocar el artículo 50 antes de que termine marzo de 2017.
El Tribunal Superior de Londres falló en noviembre a favor de la empresaria Gina Miller, de 51 años, que llevó el caso en representación de un grupo de ciudadanos que piden la autorización previa del Parlamento antes de iniciar el proceso del «brexit».
Según los expertos legales, aún si el Gobierno pierde esta apelación y un previsible proceso legal posterior ante el Tribunal de Justicia europeo, May no tendría en principio dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación que se presentaría para activar el artículo 50, pues los diputados respetarían la voluntad de los británicos expresada en el plebiscito.
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