Stiglitz pidió «tolerancia cero» contra paraísos fiscales y beneficiarios

El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron este martes «tolerancia cero» contra los paraísos fiscales y que se actúe en contra de los que se benefician de su falta de transparencia para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción.

«Los paraísos fiscales ofrecen un amplio abanico de oportunidades no solo para facilitar la evasión fiscal y la evasión, sino también para el blanqueo de capitales, facilitando así toda suerte de corrupciones y actividades socialmente destructivas y moralmente repugnantes», advierten ambos expertos en un informe presentado.

Este documento continúa el trabajo que ambos comenzaron a petición del Gobierno panameño liderado por Juan Carlos Varela tras el estallido del escándalo conocido como los «Papeles de Panamá», que costó al país su regreso a la lista francesa de paraísos fiscales, además de duras críticas de organismos internacionales como la OCDE.

Tras desvincularse del grupo de trabajo promovido por Panamá después de que su Ejecutivo no asegurase que sus resultados se harían públicos, Stiglitz y Pieth han publicado hoy su propio informe con el que hacen un llamamiento a la comunidad internacional a actuar juntos para aumentar la transparencia y poner fin a los paraísos fiscales.

Para ello formulan una serie de recomendaciones, como que se identifique a los propietarios beneficiaros de cuentas y empresas, algo «clave para tanto permitir el intercambio automático de información como para prevenir el blanqueo de capital».

Argumentan la necesidad de crear registros públicos con estos datos a los que se pueda acceder, de manera que permita que la sociedad civil y los periodistas lleguen allí donde las agencias nacionales no llegan, ya sea por falta de recursos o de voluntad política.

Así se facilitaría el rastreo de los movimientos de capital que permita reconocer aquellos fondos que provienen de actividades ilícitas, como la trata de blancas, el narcotráfico o la corrupción, señalan.

«Si uno supiera dónde se ha escondido el dinero robado por un dictador, potencialmente se podría recuperar, y hacer rendir cuentas a aquellos que facilitaron la corrupción», aseguran en el informe.

Abogan también por el intercambio automático de información entre países, punto en el que considera que los países desarrollados tienen que dar el primer paso, comenzando a compartir sus datos con aquellos socios en desarrollo que no tienen la capacidad aún de actuar de manera recíproca.

Ambos expertos recalcan la importancia de actuar contra las redes opacas y las «entidades zombies», para lo que piden que las autoridades refuercen su recolección de datos y su verificación, obligando a las corporaciones y otras entidades legales a pagar una tasa anual y completar un informe que refleje en qué jurisdicciones han tenido actividad económica y los impuestos pagados en éstas.

Subrayan que también es necesario que se supervise, no solo a los bancos y las empresas, sino también a los intermediarios, como el sector legal, a los que considera que se debe penalizar si facilitan la evasión fiscal, el blanqueo u otro tipo de operaciones similares.

«Cualquier abogado, agente registrado u otro actor que, sabiéndolo, registra una empresa o un ‘trust’ cuyo principal propósito es evadir o eludir impuestos o dedicarse al blanqueo de capital debe ser sujeto a una suspensión y, en el caso de ofensas múltiples, a la revocación de su licencia», aseguran.

Apuntan también al sector inmobiliario, en el que piden que se obligue también a comunicar quién es el propietario beneficiario de todas las largas transacciones inmobiliarias que implican pagos en efectivo, ante los indicios de que la compra de apartamentos de lujo en ciudades como Londres y Nueva York están relacionados con el blanqueo de capitales.

Advierten, además, contra los fiduciarios que actúan en nombre de un gran número de empresas sin realmente estar implicados en ellas, ya que cuestionan que puedan realmente hacerse cargo de sus responsabilidades «asumiendo, por supuesto, que se trata de entidades reales», por lo que piden limitar las posiciones que una sola persona puede ocupar.

También que se proteja a aquellos cuyos testimonios revelan tramas de este tipo, en lugar de perseguirlos, y que se refuercen las capacidades de las autoridades encargadas de supervisar el intercambio de información y el funcionamiento de sectores como el financiero, y de luchar contra prácticas como la evasión.