La senadora filipina Leila de Lima, una de las mayores críticas con el Gobierno de Rodrigo Duterte, calificó hoy al presidente como un «asesino en serie» y pidió al Consejo de Ministros que lo declare «no apto» para dirigir el país.
«Ustedes pueden salvar a este país de un presidente criminal declarando que, debido a su mente criminal, es incapaz de cumplir con sus deberes como presidente», exhortó De Lima al Gabinete de Duterte en una rueda de prensa en Manila transmitida en directo a través de las redes sociales.
La senadora realizó el llamamiento a raíz de que el lunes el expolicía Arturo Lascañas acusara a Duterte de haber activado los llamados «escuadrones de la muerte» y contratado sicarios para matar a delincuentes y detractores cuando era alcalde de la ciudad Davao.
«Tras las confesiones de Lascañas, ya no hay duda de que Duterte es un sociópata y un asesino en serie», aseguró De Lima, que mantiene una guerra abierta con el Gobierno y está acusada de haber recibido sobornos en un caso que el Ministerio de Justicia ha llevado a los tribunales.
Leila de Lima también instó a los ciudadanos filipinos a rebelarse contra su jefe de Estado.
«Somos una nación de héroes, demostremos nuestro valor. Ha llegado el momento de enfrentarse a un criminal, un dictador y un régimen opresivo», afirmó De Lima, en una aparente referencia a la revolución popular que destronó del poder al autócrata Ferdinand Marcos en 1986.
En su ataque a Duterte la senadora aludió no solo al más de un millar de muertos a manos de los «escuadrones de la muerte» de Davao, sino principalmente a las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los siete primeros meses de la «guerra contra las drogas» puesta en marcha por el presidente.
De Lima denunció que la campaña antidroga ha dejado más muertos que la etapa en la que el dictador Marcos declaró la ley marcial (1972-81) y aseguró que Duterte es el mayor criminal no solo de Filipinas sino del mundo en este momento.
Precisamente esta semana comenzaron las diligencias sobre el caso contra la senadora, acusada de haber recibido durante su etapa como secretaria de Justicia grandes sumas de dinero de narcotraficantes recluidos en prisión.
De Lima, que cuenta con el apoyo de la organización Human Rights Watch, reiteró hoy que la acusación es falsa y la atribuyó a un intento de Duterte de silenciar a sus detractores.
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