El Senado de Italia aprobó este miércoles definitivamente los Presupuestos Generales para 2017, un trámite que abre la puerta a que el primer ministro, Matteo Renzi, haga efectiva su dimisión tras su fracaso en el referéndum constitucional.
Las cuentas recibieron 173 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención y fueron sometidas a una cuestión de confianza con el fin de abreviar el proceso, pues impide el debate parlamentario y la imposición de enmiendas.
Se espera ahora que Renzi acuda ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para presentar su dimisión, después de que éste le emplazara el lunes a continuar en el cargo hasta que las cuentas para el próximo ejercicio fueran aprobadas en vía definitiva.
Se desconoce la fecha exacta en la que Renzi hará efectiva su dimisión y los medios apuntan a que esto podría producirse esta tarde de miércoles o el próximo viernes.
Los presupuestos prevén para 2017 una bajada de impuestos cifrada en 23.500 millones de euros, un aumento de las pensiones más bajas de entre 30 y 50 euros mensuales, 2.000 millones más en Sanidad y mayor financiación para las pequeñas y medianas empresas.
Todo en un escenario en el que se pronostica un déficit público de 2,3% del Producto Interior Bruto, a pesar de los llamamientos de Bruselas a reducirlo, y un crecimiento económico estimado de 1%, una décima más optimista que las previsiones de la Unión Europea (UE).
La aprobación de las cuentas da comienzo a una jornada intensa en la política italiana, pues tras la cita en el Senado ha sido convocada una reunión de la dirección del Partido Demócrata (centroizquierda) de Renzi para evaluar la situación.
Esta será la primera ocasión en la que Renzi hablará públicamente tras anunciar su dimisión, en la madrugada del lunes tras el referéndum, y los analistas consideran que está esperando a encontrarse con sus correligionarios, algunos muy críticos, para después hacer efectiva su renuncia.
Una vez que Mattarella acepte la dimisión del primer ministro, comenzará una ronda de consultas para tratar de designar un nuevo Gobierno de transición con el objetivo principal de impulsar una ley electoral en base a la cual poder convocar elecciones generales.
Mientras tanto, los distintos partidos políticos diseñan sus estrategias de cara a esta nueva etapa, divididos entre los que prefieren realizar una ley electoral y después celebrar elecciones y los que reclaman unos comicios cuanto antes y con la ley actual.
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