El gigante surcoreano Samsung respiró este jueves aliviado después de que un tribunal bloqueara la detención de su heredero y número uno, Lee Jae-yong, acusado de formar parte de la de la trama de corrupción de la «Rasputina».
El posible arresto de Lee, que se incorporó al trabajo nada más conocer la decisión judicial, había generado inquietud sobre un vacío de poder en la mayor multinacional del país y sus efectos en la economía nacional, de la que el consorcio representa casi un 20 por ciento.
Estos temores se disipan por ahora, pese a que el magnate seguirá bajo investigación por su presunta implicación en el caso, que ha llevado a la destitución de la presidenta Park Geun-hye.
El tribunal competente dictaminó de madrugada que no es necesario detener a Lee, en contra de lo que había solicitado la fiscalía al considerar que existen pruebas sobre cuantiosas donaciones de Samsung a organizaciones vinculadas a Choi Soon-il, apodada la «Rasputina» y confidente de la presidenta Park, a cambio de favores.
Los fiscales atribuyen a Lee cargos de corrupción, malversación y perjurio por variar a lo largo de la investigación su declaración inicial ante el Parlamento, y consideran que las transferencias de Samsung se realizaron a cambio de que el Gobierno de Park apoyara una controvertida fusión de dos subsidiarias del emporio en 2015.
Lee, de 48 años y líder de facto del grupo Samsung, se reincorporó a su puesto de trabajo esta misma mañana después de pasar la noche en un centro de detención de Seúl y de esperar al veredicto del Tribunal del Distrito Central de la capital, cuyas deliberaciones se prolongaron cerca de 15 horas.
El directivo, que incluso presidió hoy una reunión sobre la estrategia de la empresa de cara al futuro, quiso así proyectar una imagen de normalidad tras el revuelo causado por el posible encarcelamiento de uno de los hombres más ricos e influyentes del país, según interpretaron los medios surcoreanos.
El grupo Samsung emitió un comunicado en el que se mostró agradecido porque «el caso pueda esclarecerse sin necesidad de detención», y señaló que su gestión quedará en manos de la cúpula directiva hasta quede probada la inocencia de Lee.
Tras el dictamen, la mayoría de las empresas del conglomerado repuntaron en la Bolsa de Seúl y terminaron el día con ganancias, y entre ellas destaca el fabricante de electrónica de consumo y microchips Samsung Electronics, que avanzó un 1,46 por ciento.
Los analistas consideran que una eventual condena al magnate supondría un golpe para la marca Samsung y para sus negocios globales, poco después de que el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles sufriera una crisis de credibilidad a raíz de los repetidos casos de combustión de sus «smartphones».
La fiscalía, por su parte, lamentó la decisión del tribunal, señaló que continuará «sin vacilar» sus pesquisas sobre el caso y dejó abierta la opción de emitir una nueva orden de arresto contra el directivo, según dijo su portavoz, Lee Kyu-chul, en rueda de prensa.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (33,7 millones de euros/ 35,8 millones de dólares) a entidades controladas supuestamente por la «Rasputina», pero han negado que fuera para lograr el apoyo del Gobierno Park en el proceso de fusión de 2015.
El equipo de investigadores cree que Choi, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción que incluiría a la propia presidenta, miembros de su Gobierno y los principales «Chaebol» (los grandes conglomerados empresariales surcoreanos) del país.
La fiscalía tiene previsto interrogar en los próximos días a otros tres altos ejecutivos de Samsung, así como a la propia presidenta Park, para tratar de esclarecer sus papeles en la trama, según el portavoz.
El escándalo de la «Rasputina» salió a la luz en octubre y desde entonces su alcance se ha extendido incesantemente hasta causar la destitución de la presidenta, y salpicar a la cúpula de Samsung y de otras de las mayores empresas del país, como Hyunday o LG.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre el cese de la presidenta ante las sucesivas protestas multitudinarias contra Park, aunque la decisión definitiva está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para pronunciarse.
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