La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha intentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema, en el que pide la anulación del proceso que acabó con su destitución por diversas irregularidades fiscales, según informó este viernes su defensa.
El documento, de 493 páginas, fue presentado por el abogado José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia que representa a Rousseff, y reitera los argumentos esgrimidos durante el juicio político, que no bastaron para convencer al Senado, que actuó como tribunal bajo una estricta supervisión de la propia Corte Suprema.
En esta nueva apelación, Cardozo reitera que el proceso careció de base legal pues, en opinión de la defensa, las acusaciones no fueron debidamente comprobadas y fue producto de unas «meras articulaciones políticas».
El documento responsabiliza de esas maniobras políticas a Michel Temer, quien como vicepresidente ha pasado a ocupar la Presidencia de Brasil desde el pasado 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida.
«Un país no puede, bajo el riesgo de traumas y conflictos, ser gobernado por quien no ha sido elegido por el pueblo y no ejerce su mandato como consecuencia del texto constitucional», dice el texto.
También sostiene que «la democracia no puede convivir con ningún Gobierno ilegítimo, así sea por unos pocos días».
Además de pedir la anulación del proceso, la defensa exige que Rousseff sea restituida en el poder y que Temer vuelva a ocupar la vicepresidencia.
«En un Estado Democrático de derecho, no puede ser admitido que se invoquen falsos motivos jurídicos para destituir a un presidente de la República», añade el documento, que insiste en calificar el proceso de «golpe» y «ruptura democrática».
A lo largo de todo el proceso, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y agosto pasado, la defensa de Rousseff intentó diversas acciones en el mismo sentido ante la Corte Suprema, que hasta ahora las ha rechazado una a una.
La decisión sobre esta nueva apelación estará a cargo del juez Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, que no tiene un plazo legal para anunciar si acepta la demanda de Rousseff y la lleva al pleno del tribunal o la rechaza, como ha ocurrido con todas las acciones anteriores.
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