Las autoridades dominicanas reiteraron este jueves su compromiso de llegar hasta las «últimas consecuencias» en la investigación sobre el supuesto soborno de 92 millones de dólares que pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht entre 2001 y 2013.
La Procuraduría General de la República señaló que fue la propia Odebrecht la que reveló ese pago con el objetivo de lograr la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del Estado dominicano.
En ese sentido, dijo que le resulta «totalmente inaceptable» la alegada pretensión de los representantes de la firma en el país, de negar los hechos que se investigan.
La procuraduría destacó, en un comunicado, que avanza «significativamente» en las indagatorias bajo garantías procesales, así como con la estrecha colaboración internacional en pie, «la cual permitirá al Estado dominicano, disponer de toda la información detallada para poder esclarecer debidamente lo acontecido, y establecer responsabilidades y consecuencias penales».
La información oficial confirmó la requisa que practicó hoy ese organismo a las oficinas de Odebrecht en Santo Domingo, con la finalidad de continuar profundizando la recolección de documentación que permita determinar responsabilidades locales, para lo cual no se escatiman esfuerzos en territorio dominicano ni en el extranjero.
«El allanamiento se produce en cumplimiento al debido proceso, luego de confrontar las informaciones suministradas a requerimiento de la Procuraduría General, por los representantes de Odebrecht en el país, con otros datos obtenidos mediante labores de inteligencia que de manera simultánea, desde hace un tiempo, se han estado desarrollando», agregó el comunicado.
El operativo se produjo solo horas después de que el representante comercial de Odebrecht en el país Ángel Rondón acudiera por segunda vez a la procuraduría, esta vez, dijo, para aclarar algunos puntos de la documentación que presentó a solicitud de la institución, relativa a las adjudicaciones de obras públicas consignadas a Odebrecht.
En su anterior comparecencia, Rondón reconoció haber recibido una suma similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación, y no para efectuar sobornos, tal y como afirmó el gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, quien fue interrogado un día antes.
Al atender a la prensa tras prestar declaración, el empresario reiteró que en ningún momento pagó sobornos, y negó su vinculación con las licitaciones de un acueducto ni con una hidroeléctrica construidos por la firma brasileña.
También acudió a la Procuraduría el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Alberto Holguín, quien aseguró que no firmó ningún contrato con Odebrecht durante el tiempo que estuvo al frente de la institución, y afirmó desconocer el motivo de su citación.
Aún así, el exdirector de Inapa se mostró dispuesto a colaborar en la investigación puesto que «es nuestro deber y obligación ponernos a disposición de las autoridades».
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos República Dominicana.
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