Guatemala amaneció con la resaca de una decisión judicial que provocó el procesamiento de un hijo y un hermano del presidente del país, Jimmy Morales, por defraudar al Estado durante 2013, una medida que, según el Ejecutivo y los empresarios, no afectará la gobernabilidad.
El mandatario ha dejado claro que no intervendrá en el proceso judicial y que se mantendrá al margen, pero como hermano y padre ha mostrado su total respaldo a su hijo José Manuel Morroquín Morales y a su hermano Samuel Morales, conocido como Sammy.
Los dos fueron capturados, procesados por fraude y enviados a prisión preventiva a una cárcel militar de la capital mientras la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), concluye la investigación.
Ambos participaron en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de 200.000 quetzales (unos 26.000 dólares), pero no se beneficiaron económicamente, sino que favorecieron o otro procesado, el padre de la exnovia de José Manuel, Mario Estuardo Orellana López.
Con las dudas de qué influencia puede ejercer el mandatario en este proceso, Morales ha querido dejar claro que no intervendrá.
«Creo que el sistema de Justicia debe funcionar en el país y para cumplir con lo que se dice uno tiene que actuar y ser el ejemplo a seguir», expresó el mandatario en una entrevista en la televisión local Vea Canal, recogida por la estatal Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).
Para ello, cuenta con el apoyo de los 14 ministros que conforman el Gabinete de Gobierno, quienes le han manifestado su «admiración, acompañamiento y solidaridad» por el «ejemplo» que está dando a la sociedad, y de su vicepresidente y mano derecha, Jafeth Cabrera, que lo «admira» porque «está dando la cara y respetando la ley».
«Tiene todo nuestro apoyo, esperamos que la Justicia sea pronta y cumplida», proclamó el vicepresidente a los medios, quien dijo haberlo visto bien de salud a pesar de estos duros momentos: «Está en perfectas condiciones».
La postura asumida por el mandatario es vista como «correcta» por los empresarios, quienes aseguraron que el procesamiento de sus dos familiares no afecta a la gobernabilidad del país.
El presidente de la poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), José González, aseguró que hay que reconocer la postura que ha asumido Morales de respetar el imperio de la ley y los principios constitucionales.
El mandatario, que admitió que es «difícil» la situación de su hijo y su hermano, detenidos en el marco de un caso de corrupción conocido como «Botín Registro de la Propiedad», parece tener el apoyo de los empresarios, que han pedido «prudencia».
«Hay que tener paciencia, prudencia y respeto al debido proceso», manifestó González, quien agregó que la posición del Cacif sobre la corrupción es la misma que ha tenido desde el 2015 cuando se desarticularon varias redes que defraudaban al Estado: respeto a la Justicia y al debido proceso.
El director de la Cámara de Industria de Guatemala (Cig), Javier Zepeda, dijo a Efe que esta situación no afecta a la gobernabilidad y tampoco a la atracción de inversiones hacia el país.
«Tenemos que ser suficientemente maduros para respetar los debidos procesos legales. Este es un nuevo caso (de corrupción) que se abre», expresó el dirigente empresarial, quien cree que Morales ha enviado los mensajes «correctos» al decir que respetará la ley.
Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, reiteró que recurrirán la falta de mérito dictada por la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, para Sammy Morales y Orellana por el delito de lavado de dinero.
«No estamos de acuerdo con esa decisión (judicial) y la vamos a impugnar. Vamos a presentar una apelación porque es evidente que a través de las actividades que desarrollaron tanto Sammy Morales como Mario Estuardo Orellana López contribuyeron al blanqueo de un dinero ilícito», respondió Aldana a las preguntas de la prensa.
Este es el primer caso de corrupción que salpica a la actual Presidencia de Guatemala, después de que en 2015 el país viviera un momento histórico de protestas contra esta lacra que llevaron a la renuncia, procesamiento y encarcelamiento del entonces mandatario, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, entre otros.
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