La Ley de delación premiada, que fue sancionada por el presidente Juan Carlos Varela, será demandada esta semana por varios abogados por «inconstitucional».
Así lo reseñó el diario Panamá América, medio que resalta que la redacción del artículo 24 de dicho texto se prestaría para «manipulación política» y favorecería la impunidad.
El abogado Roniel Ortiz anunció al medio que esta semana concurrirá a la Corte Suprema de Justicia, en donde presentará la Gaceta Oficial en la que se promulga dicha ley.
A juicio de Ortiz, con la delación premiada la justicia queda en el aire y daría lugar a que aquellas personas responsables de actos de corrupción, con solo dar información que ellas estimen conveniente, se «burlen» de la justicia y del pueblo panameño.
De acuerdo con el jurista, el principio de la delación premiada es que el favorecido cumpla parte de la pena, como lo establece el Código Judicial.
La Ley 4, conocida como el proyecto 245, señala en su artículo 24 que se podrá acordar una rebaja de la pena o se mantendrá en suspenso la solicitud de apertura a causa criminal hasta que se concreten las condiciones del acuerdo, «decretándose la ruptura de la unidad procesal respecto al colaborador eficaz».
Según los juristas que se oponen al artículo 20, lo correcto es que el delator pague parte de la pena antes de ser premiado y, además, debe mostrar «arrepentimiento» y devolver los bienes mal habidos.
El Colegio Nacional de Abogados también ha sostenido que para tener derecho a la rebaja de pena, se debe devolver lo robado y lo más que se puede dar por su colaboración es una rebaja de pena según la naturaleza del delito.
Fuente: Panamá América
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