La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, retomó, al juramentar a su nueva directiva, su apuesta por un cambio de Gobierno anticipado pese a la situación de desacato en que se encuentra el Legislativo desde hace meses, según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El opositor Julio Borges, un abogado con estudios en Oxford que, a pesar de su paso por la televisión, prefiere mantener un bajo perfil, fue elegido presidente de la AN para este segundo año del quinquenio en el que el antichavismo por primera vez en casi 20 años controla la Cámara, tras su holgada victoria en diciembre de 2015.
Asimismo, el opositor Freddy Guevara, diputado por el partido Voluntad Popular (VP), fue elegido como primer vicepresidente del Parlamento y como segunda vicepresidenta la también antichavista Dennis Fernández, del Partido Acción Democrática (AD).
En su primer discurso como jefe del Parlamento, Borges -del partido Primero Justicia (PJ)- aseguró que el cuerpo de diputados declarará en los próximos días el abandono de cargo del presidente del país, Nicolás Maduro, y agregó que con ello se «abren las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles».
«Está claro para nosotros que Nicolás Maduro al abandonar la Constitución abandonó el cargo», sostuvo el opositor para luego señalar la posibilidad de que se convoque a nuevas elecciones legislativas «si ese fuera el caso», pese a que las próximas votaciones de este tipo están previstas para finales de 2020.
Además, convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «en nombre de la representación nacional» a caminar «juntos» por el país e indicó que el llamamiento que les hacía no era para una «sublevación», sino para hacer cumplir la Constitución.
Más temprano, Borges negó acercamientos con el presidente Maduro quien ayer lo llamó «amigo» y aseguró que el opositor «se comprometió» con él «a acatar» al TSJ y «a cumplir con todas las iniciativas de diálogo» que incluyen superar el estatus de desacato del Parlamento.
El Parlamento venezolano se declaró en desacato al Supremo el 6 de septiembre pasado, después de que este declarara la nulidad de todos los actos legislativos pues la Cámara no había ejecutado una sentencia anterior que ordenaba la suspensión cautelar de cuatro diputados por supuestas irregularidades en su elección.
Por ello, el jefe de la bancada chavista de la Cámara, el diputado Héctor Rodríguez, señaló que la instalación de la nueva directiva parlamentaria es «ilegal e inconstitucional».
Entretanto, el diputado chavista Pedro Carreño indicó a las puertas del pleno que en el país no hay una crisis de poderes, sino «un poder en crisis que es el poder legislativo» y calificó de «nefasta» la gestión del presidente saliente del ente, el opositor Henry Ramos Allup, quien, afirmó, se puso «de espaldas al pueblo».
En este sentido, el vicepresidente del país, Tareck El Aissami, dijo que el Parlamento ha «irrespetado» los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre la oposición y el Gobierno al mantenerse en desacato al Supremo «y de espaldas a la ley».
El vicepresidente, que fue designado en el cargo ayer por el presidente Maduro, aseguró que la «ilegítima» Asamblea «amenaza» la paz del país caribeño y que desde allí se pretende «imponer el discurso de odio e irrespeto a la Constitución».
Por otra parte, el gobernador del céntrico estado Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, llamó a defender a la Asamblea luego de que Maduro dijese ayer que esta camina rumbo a la «autodisolución».
«No podemos olvidar que los diputados que están aquí, los elegimos los venezolanos (…) La única forma de que puedan disolverla es que se le dé dos veces un voto de censura al vicepresidente, pero una autodisolución o como lo quieran llamar es inconstitucional», dijo Capriles a periodistas en el Parlamento.
Durante 2016 el Legislativo prometió trabajar para lograr un cambio de Gobierno en el país y por ello respaldó el referendo revocatorio presidencial, un proceso que la oposición impulsó durante meses y que el poder electoral suspendió en octubre por un supuesto fraude determinado por varios tribunales regionales.
Tras esto, Gobierno y oposición iniciaron un proceso de negociaciones que entró en «revisión» en diciembre por el incumplimiento de los primeros acuerdos, algo de lo que las partes se acusan mutuamente.
Por lo anterior, el Parlamento estableció una supuesta responsabilidad política de Maduro en la «ruptura del hilo constitucional», una iniciativa que el chavismo ponderó como inconstitucional y golpista.
En esa oportunidad la Cámara aprobó, además, acudir al Poder Ciudadano para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un «antejuicio de mérito contra el presidente».
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