El Parlamento de Panamá aprobó este lunes una reforma legal que permite los acuerdos de pena en el marco del sistema inquisitivo mixto de Justicia, presentado por sus promotores como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción pero rechazado por otros sectores que temen impunidad.
Se trata del proyecto de ley 245 que reforma el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre medidas para evitar el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones, informó la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).
Tras su aprobación en el tercer y último debate, la ley debe ser refrendada por el Ejecutivo y publicada en la gaceta oficial para que entre en vigor.
El debate del proyecto, en particular el segundo, estuvo centrado en el artículo 20 que establece el acuerdo de reducción de penas a cambio de confesión, que fue modificado antes de elevarlo a la tercera discusión final.
El parlamento destacó que los diputados acordaron modificar el artículo 20 para «no dejar duda sobre una posible impunidad».
Como parte de la disposición original, según la AN, el Ministerio Público (MP) no formularía cargos al imputado si había una colaboración eficaz, pero que ahora «la única posibilidad que se le otorga es una rebaja de pena».
El secretario general del MP, Rolando Rodríguez, expresó que la delación premiada busca que el imputado «colabore de manera eficaz» con las autoridades judiciales, aportando datos que esclarezcan el hecho delictivo para evitar que este continúe y rinda sus efectos.
El Proyecto 245 fue presentado el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado Canals, y fue devuelto en al menos tres ocasiones al primer debate para ampliar las consultas y hacerle modificaciones.
Elías Castillo, diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), señaló este lunes que la bancada del PRD se abstuvo en la votación final, y exhortó al MP a que realice «todas las investigaciones que sean necesarias a Odebrecht o cualquier otra empresa» involucradas en corruptelas.
El proyecto aprobado busca introducir la llamada «delación premiada» en el sistema inquisitivo mixto, un procedimiento judicial que se aplica exclusivamente en los delitos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016, cuando entró a regir a nivel nacional el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA).
El SPA es un sistema procesal penal más transparente y garantista que sí contempla estos acuerdos de pena, vigentes en otros países latinoamericanos.
Leandro Ávila, también diputado del PRD, dijo durante el debate que «todavía está por verse la efectividad de este artículo 20» en el marco de los casos de corrupción que se investigan, entre ellos los sobornos de Odebrecht en Panamá, y criticó al Parlamento por no darle seguimiento a las leyes que se aprueban.
La Ley aprobada, según Ávila, es buena en un 95% si es para evitar el hacinamiento carcelario, pero, dijo, su duda es con la redacción del artículo 20 que pareciera «para atender casos del pasado» y puede favorecer a «algunos personajes».
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