Panamá encomendó este jueves a una renovada comisión de alto nivel garantizar la competitividad y transparencia de los neurálgicos servicios legales y financieros del país, cumplidas ya una serie de «reformas para adecuar su régimen legal a los estándares internacionales» en materia fiscal.
Se trata de la Comisión de Alto Nivel para los servicios internacionales y financieros (CANSIF), integrada por altos representantes gubernamentales, de organismos reguladores, gremios de empresarios y de abogados del país centroamericano.
La CANSIF tiene como objetivo no solo identificar temas para adaptar al país a tendencias globales en materia fiscal, sino que «tendrá que establecer métodos que nos orienten hacia una planificación con luces largas en beneficio de nuestro centro de servicios», dijo la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
La primera versión de esta comisión fue lanzada a finales de 2014 para que presentara propuestas en el proceso de revisión de la estrategia nacional en materia de intercambio de información fiscal que se planteó Panamá tras su inclusión, en junio de ese año, en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El país centroamericano, que cuenta con un poderoso centro bancario integrado por 92 instituciones y activos por 119.276,06 millones de dólares, fue excluido el 18 de febrero de 2016 de la lista gris del GAFI que incluye a no colaboradores con el combate al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
«Panamá ha adoptado todos los pasos necesarios para adecuar nuestra marco legal, y ahora nos vamos a concentrar en el fortalecimiento del sistema, estando a la vanguardia», sostuvo De Saint Malo.
Reiteró que el Gobierno panameño entiende que la responsabilidad que impone la transparencia financiera internacional es compartida, y que en ese marco «pretende impulsar que todos los países involucrados participemos pero en igualdad de condiciones».
«Este es el mensaje que estamos llevando internacionalmente», y que incluye el compromiso «con el intercambio automático» de información fiscal adoptado por Panamá en 2015, dijo De Saint Malo.
Panamá está convencida, añadió, «de que no podemos ser receptores de la política que otros dictan sino que tenemos que ser parte de quienes definen las políticas».
Por su parte, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, defendió la robustez del sistema financiero local pese a la «crisis mediática» que supuso en 2016 el escándalo por la filtración de los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que mundialmente se conoció como Papeles de Panamá.
«Este país tiene un sistema financiero consolidado (…), la liquidez del sistema está fuerte. A pesar de toda la crisis del año anterior, mediática, la gente mostró confianza», declaró.
Varela insistió en que Panamá actúa como «un país responsable con la comunidad internacional», y en que todos los sectores nacionales debe trabajar para proteger la economía de servicios y el sistema financiero local «para que solo sea usado para temas lícitos que representen el bien común y nunca para agendas de corrupción, lavado y evasión fiscal».
El escándalo de la filtración de documentos de Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales, costó a Panamá su inclusión en la lista de países no cooperantes de Francia.
«La realidad es que Panamá ha tomado las acciones que corresponde, ha hecho las reformas en temas jurídico y legales que están acordes con los estándares internacionales y esto ha sido reconocido» por países y organismos mundiales, dijo por su lado el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
De La Guardia respondió así al ser preguntado por periodistas sobre la inclusión de su país en listas grises.
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