El Gobierno de Panamá informó que notificó legalmente a Odebrecht del fin de su concesión sobre el proyecto hidroeléctrico Chan II, tal y como lo anunció el Ejecutivo panameño en diciembre tras conocer el escándalo de sobornos que involucra a la constructora.
El ministro de Economía y Finanzas panameño, Dulcidio De La Guardia, entregó el documento legal a Odebrecht Latin Finance el jueves, en compañía del secretario de Energía, Víctor Urrutia, y el director de la Autoridad de Servicios Públicos, Roberto Meana, indicó un comunicado oficial.
«Este proceso se desarrolla conforme a derecho y en defensa de los intereses de la Nación, en seguimiento a lo anunciado por el Gobierno el 27 de diciembre de 2016 y como parte de su compromiso con la transparencia», añadió De La Guardia.
Días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en países de América Latina y África, incluido Panamá, el Gobierno panameño anunció un paquete de medidas que incluyó prohibir nuevos contratos a la compañía hasta que retribuyera el dinero que «sustrajo», 59 millones de dólares de acuerdo con EE.UU.
El Ejecutivo también decidió adoptar las acciones necesarias para que Odebrecht le devolviera la concesión del proyecto hidroeléctrico Changuinola II o Chan II (Bocas del Toro, Caribe) y que se cancele, sin coste para el Estado, el contrato de asociación para esta obra, que aún no ha comenzado y que requiere una inversión de 1.049 millones de dólares.
El Estado panameño, a través de la estatal Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), suscribió en junio de 2014 un contrato con Odebrecht para construir la hidroeléctrica.
Odebrecht está involucrada en grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como la Línea 2 del Metro, por más de 1.857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del Aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares, según datos oficiales.
Las autoridades panameñas indicaron en la resolución de consejo de ministros tomada en diciembre que intentarán que Odebrecht concluya estas obras de forma satisfactoria, que cumpla con los tiempos pactados y que «redoble» esfuerzos para que su situación global no afecte al trabajo y ejecución de sus labores, que generan 8.000 empleos en el país.
La constructora brasileña se comprometió el pasado 12 de enero a pagar a Panamá «los primeros 59 millones de dólares» en concepto de fondo de garantía mientras una fiscalía especial anticorrupción, creada a finales de diciembre, investiga en exclusiva los casos de supuesta corrupción que la salpican.
Dicha fiscalía formuló esta semana cargos de blanqueo de capitales contra las primeras 17 personas involucradas en el caso, entre las que se encuentran dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.
La multinacional brasileña alcanzó ya un acuerdo judicial con los Gobiernos de EE.UU., Brasil concesióny Suiza para pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares.
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