El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizo una publicación en su página web de la lista preliminar de doce «jurisdicciones con deficiencias estratégicas», en la que no está incluida Panamá.
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El nuevo informe salió a la luz este mes de febrero cuando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) debe presentar al GAFI el informe de revisión de Panamá, y a pocas semanas de que la Comisión Europea (CE) incluyera a Panamá en una lista negra de 23 terceros países con mecanismos débiles en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La CE indicó que la misma está basada en los criterios utilizados por el GAFI, con otros nuevos desarrollados desde 2017.
El informe preliminar del GAFI, que se publicó el pasado 22 de febrero, señala que este forma parte de su revisión en curso del cumplimiento de los estándares en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en la cual se identificó las jurisdicciones con más ‘deficiencias’ estratégicas para el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En la lista, el GAFI están incluidos Bahamas, Botsuana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Serbia, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el GAFI expresó en su informe publicado a inicios de 2018 que esta administración cumplió con 35 de sus 40 recomendaciones.
Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas, manifestó que si Panamá vuelve a estar en la lista del GAFI va a perder el grado de inversión, lo que representa tasas de interés más altas para todos los panameños y el aumento de los costos de la deuda pública.
Igualmente el país podría enfrentar la pérdida de corresponsalías bancarias, lo cual ocasionaría una presión al sistema bancario nacional y los miles de empleos que este representa, agregó.
Para este mes de febrero, el GAFI va a revisar los avances del país sobre sus recomendaciones.
La reunión con las autoridades panameñas se prevé sea para junio, cuando realicen la evaluación final y se definan los avances del país en la parte regulatoria y de implementación contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: La Estrella de Panamá
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