El Gobierno de Panamá instaló un consejo nacional que deberá garantizar la aplicación de una ley reformada el año pasado que establece los derechos de las niñas y adolescentes embarazadas, una de las problemáticas sociales más acuciantes del país centroamericano.
El llamado Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente fue instalado el miércoles por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que lo preside e integra junto a representantes de los despachos de Salud, Educación y Trabajo.
También integran el organismo representes de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia; de la Caja del Seguro Social (CSS), del Instituto Nacional de la Mujer; del Órgano Judicial; de la Autoridad Tradicional Comarcal, del Consejo Nacional de la Juventud, y de organizaciones no gubernamentales.
Los miembros del Consejo, juramentados en un acto celebrado por el Mides según publicó ese despacho en su cuenta de Twitter, están definidos en el artículo 9 de la Ley 60 publicada en la Gaceta Oficial del 1 de diciembre pasado, que reformó la Ley 29 de 2002 sobre la menor de edad embarazada.
El embarazo adolescente es una de las problemáticas sociales más denunciadas en Panamá, donde según las estadísticas oficiales se registraron 13.604 casos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años embarazadas en 2015.
«Tenemos ese índice alto, el de adolescentes embarazadas», reconoció este miércoles la viceministra de Educación, María Castro, y aseguró que actualmente se desarrolla un trabajo mancomunado entre distintas instituciones públicas y privadas para intentar atajar el problema.
De acuerdo con la legislación reformada y vigente desde diciembre pasado, el Consejo de Atención a la Madre Adolescente deberá presentar un informe trimestral a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (Parlamento).
El documento deberá contener datos sobre los avances y resultados de la implementación de la Ley 60, que entre sus objetivos tiene «garantizar a la menor de edad embarazada el principio de igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos, así como la protección y su seguridad social».
También «priorizar el acompañamiento integral de la menores de edad madres y sus hijos, a fin de mitigar el impacto negativo que la maternidad temprana pueda tener en su propio desarrollo y en el de sus hijos».
La Ley 60 establece además «hacer efectiva, con carácter obligatorio, la participación del padre adolescente en los programas materno-infantil como parte de una paternidad responsable, a fin de que reconozca que las consecuencias de un embarazo en la adolescencia son también responsabilidad de él, y se le brinde las medidas de prevención y protección de la presente ley».
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