La comisión que investiga la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989 confía en que el presidente electo de ese país, Donald Trump, no ponga trabas al proceso y ayude a esclarecer lo ocurrido aquel 20 de diciembre, del que hoy se cumplen 27 años.
«Hemos recibido garantías de que no habrá cambios en ese compromiso de entregar la información que se requiere para realizar nuestro trabajo. Ojalá así sea y vamos a estar vigilantes para que efectivamente cumplan con esa promesa», afirmó el presidente de la llamada Comisión 20 de Diciembre de 1989, Juan Planells.
Según Planells, la comisión le ha transmitido al embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, su preocupación por que la nueva Administración de Trump se muestre reticente a colaborar y torpedee la investigación.
El diplomático norteamericano «nos ha prometido que eso no va a ocurrir y que el recién electo presidente (Donald Trump) no puede cambiar las políticas institucionales dentro del sistema de relaciones exteriores», explicó Planells, que también ejerce como rector de la Universidad Católica Santa María La Antigua.
El pasado 16 de febrero, antes de presentar sus credenciales como nuevo embajador, Feeley ya dijo que su país estaba «totalmente dispuesto» a «revisar» lo ocurrido aquel fatídico día.
El actual Gobierno panameño se comprometió a investigar la cruenta invasión estadounidense y en julio pasado instaló esta comisión especial, que tiene como principal objetivo determinar en un plazo máximo de dos años el saldo real de víctimas.
Veintisiete años después de lo ocurrido se sigue desconociendo el número exacto de víctimas y las cifras de las distintas fuentes oscilan entre los 500 y los 5.000 muertos.
Hasta ahora, la comisión se ha encargado de recabar los testimonios de «testigos presenciales» y de entrevistarse con distintas instituciones como la Cruz Roja, el Tribunal Electoral o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, apuntó Planells durante un acto en el que rindió cuentas del funcionamiento del grupo de trabajo.
La comisión, integrada por cinco expertos panameños y que cuenta con un presupuesto de 900.000 dólares, también estudiará la conveniencia de declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional y desarrollará propuestas de reparación con el apoyo de juristas internacionales, entre otras cosas.
«Panamá fue víctima de una invasión que dejó daños en vidas, que es lo más doloroso, y en bienes, que también merecen ser resarcidos. Nosotros seguiremos insistiendo en que se reconozcan esas responsabilidades y se conozca exactamente la magnitud de la decisión de estados Unidos», indicó el rector panameño.
A primera hora de la mañana de este martes, autoridades y asociaciones de víctimas se dieron cita en un céntrico cementerio de la capital panameña para honrar a los muertos.
El 20 de diciembre de 1989, EE.UU. puso en marcha la operación «Causa Justa» y envió a 26.000 soldados a Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, a quien Washington acusaba de impulsar el narcotráfico en la zona, según el argumento empleado por el entonces presidente estadounidense, George Bush.
Noriega, que se entregó trece días después de la intervención militar y posteriormente fue condenado en el país norteamericano y en Francia por narcotráfico, fue extraditado a Panamá en 2011 y desde entonces cumple condena por varios delitos de lesa humanidad en una cárcel a las afueras de la capital panameña.
El conocido como «hombre fuerte» fue el último general del régimen militar instalado en 1968 gracias a un golpe de Estado encabezado por el general Omar Torrijos, fallecido en 1981 en un accidente de avioneta.
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