El carácter público o privado de los informes anuales sobre exportaciones e importaciones de armas por parte de los países signatarios del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) centra las intervenciones y debates de la conferencia que les reúne esta semana en Ginebra.
El acuerdo cuenta con 87 Estados parte, mientras que otros 46 lo han firmado pero no ratificado, y ha sido el primero jurídicamente vinculante sobre el control del comercio de armas convencionales.
Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área reclaman que los informes que los países deben obligatoriamente presentar cada año sean públicos y que se elimine la opción de mantenerlos en reserva, la que existe actualmente.
Los debates se han centrado así en la transparencia de esas informaciones, con una tendencia general a considerar que no se debe obligar a los países a hacerlas públicas porque esto disuadiría a otros países que aún no son parte del tratado de unirse a él.
El tratado establece que los gobiernos deben presentar un informe inicial sobre cómo piensan aplicarlo, incluyendo las medidas legislativas y administrativas a adoptar.
El informe anual incluye todas las ventas y compras de armamento, municiones o sus componentes, así como detalles sobre el tipo, cantidad y destino final.
En un año y medio que el tratado tiene en vigor, 49 países han presentado su informe inicial y 46 su primer informe anual.
Sólo dos países en el primer caso y tres en el segundo optaron porque sus informaciones no sean publicadas.
«Es importante que se sepa a dónde y qué cantidad de armas un países está vendiendo o recibiendo. Son informaciones cruciales para que periodistas y parlamentarios puedan preguntar a los gobiernos sobre eventuales transferencias irresponsables de armamento», comentó a Efe la asesora sobre control de armas de Amnistía Internacional (AI), Rasha Abdul Rahim.
La activista, quien participa como delegada en las reuniones, reconoció que la conferencia de los Estados partes está poniendo mucha atención en cuestiones de procedimiento.
«Los Estados no están abordando asuntos sustantivos. Esperamos que sea porque se trata sólo de la segunda vez que se reúnen -desde que se adoptó el tratado- y hay muchas cuestiones de procedimiento por resolver, aunque los representantes de la sociedad civiles intentamos empujarles a que se comprometan a más», explicó.
Otro de los temas de fondo que se abordan en esta semana de reuniones tiene que ver con el deber que tienen los Estados que venden armas de hacer una evaluación de riesgo antes de aprobar la transacción.
Ello para excluir que la transferencia del material bélico puede contribuir de alguna manera a violaciones de los derechos humanos.
También se menciona que no debe haber ningún peligro a que la exportación pueda facilitar un acto de agresión, violencia de género, actos terroristas o las actividades de organizaciones criminales transnacionales.
Al abordar este aspecto las miradas giraron hacia Arabia Saudí, país que no ha firmado el tratado y ni siquiera ha enviado delegados a la conferencia, pero que está en el ojo de la tormenta por su participación en la guerra en Yemen.
Arabia Saudí se encuentra en el centro de varias operaciones pendientes de transferencia de material bélico, incluyendo con España y el Reino Unido, que respetadas organizaciones de derechos humanos han pedido detener para evitar su utilización en acciones que violan el derecho internacional humanitario.
Al frente de una coalición militar, Arabia Saudí efectúa desde marzo de 2014 bombardeos aéreos en Yemen.
Abdul Rahim dijo que AI ha documentado «una treintena de bombardeos ilegales, en los que han muerto 300 personas y herido a otras 200 en Yemen».
La ONU, así como otras entidades de derechos humanos, han señalado que durante el conflicto yemení se han cometido numerosos crímenes contra civiles, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de guerra.
Un embargo internacional de armas a Yemen está vigente, pero los activistas consideran que éste debe extenderse a Arabia Saudí por su implicación directa en la guerra.
El caso saudí muestra la importancia de que antes de toda transferencia de armas se evalúen los riesgos y que se asuma seriamente y para todos los casos un enfoque preventivo, explicó Abdul Rahim.
«Los embargos de armas siempre se deciden cuando ya es demasiado tarde, cuando la situación ha llegado a un punto crítico de no retorno», agregó.
Además de estos temas, se espera que para el próximo viernes, cuando concluya la conferencia, los países hayan acordado la creación de un fondo voluntario para ayudar a países de escasos recursos a cumplir con el tratado.
Asimismo, se formalizará la creación de la secretaria del tratado, que funcionará en Ginebra. Isabel Saco
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