Opositores en Venezuela volverán a las calles desde este sábado luego de que el Poder Electoral decidiera posponer el proceso con que pretendían revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro, por un supuesto fraude cometido en uno de los requisitos, completado en mayo pasado.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró la suspensión de un posible plebiscito como un golpe de Estado «que solo profundiza la crisis», según ponderó en rueda de prensa el opositor Henrique Capriles, excandidato presidencial y principal impulsor del referendo.
La MUD convocó este viernes a dos conferencias de prensa a distintas horas y en ninguna de ellas ni Capriles ni el secretario ejecutivo del bloque, Jesús Torrealba, hicieron comentarios sobre la prohibición de salida del país que un tribunal del céntrico estado Carabobo ordenó el jueves contra ellos y otros seis opositores.
En cambio, Capriles reiteró la convocatoria para una protesta de mujeres que se llevará a cabo este sábado en la capital venezolana y que estará encabezada por la exdiputada María Corina Machado y por Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López.
El antichavista anunció además una gran protesta nacional para el próximo miércoles cuando estaba previsto que comenzara el proceso de tres días en el que la MUD debía recoger la manifestación del apoyo de unos 4 millones de votantes, como último requisito para convocar el revocatorio.
Una vez suspendido el proceso constitucional por sentencia de seis tribunales regionales de los estados Zulia, Bolívar, Aragua, Monagas, Carabobo y Apure los opositores decidieron mantener el llamado a movilizarse para el 26 pero ya no para estampar huellas y asentar firmas sino para «tomar» Venezuela.
Según Capriles, esta protesta se sentirá en cada rincón del país suramericano y se diferenciará de las últimas movilizaciones convocadas por la oposición pues, afirmó, se trata de «restituir el hilo democrático» que Maduro «violó».
Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Henry Ramos Allup, informó de que este domingo la Cámara celebrará una sesión especial en la que se abordará un supuesto abandono del cargo por parte del jefe de Estado, y también se debatirá «su eventual doble nacionalidad», según dijo.
Ramos aseguró también que acudirá «pronto», junto a un grupo de diputados, a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar que se aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela por el supuesto quebrantamiento de la norma legal.
Numerosos representantes de todos los partidos políticos que integran este bloque aseguraron que se mantendrán unidos para lograr el cambio político en Venezuela y que no temen ser encarcelados, pese a supuestos planes de prisión que adelanta el Gobierno, según los opositores.
El chavismo, por su parte, ha dicho que el freno puesto al revocatorio indica «que se está comenzando a hacer justicia» en palabras del alcalde del municipio capitalino Libertador, el oficialista Jorge Rodríguez.
Rodríguez, portavoz del gobierno para los asuntos del referendo, reiteró que existen más de 8.600 querellas y denuncias ante los tribunales penales para denunciar el proceso que ha tildado como «el más gigantesco fraude».
A propósito de todo esto, el presidente Nicolás Maduro, en una llamada telefónica al canal estatal VTV desde Azerbaiyán donde comenzó su gira asiática para estabilizar el mercado petrolero, hizo un comentario respecto a la suspensión del referendo.
«Quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, a la justicia, al respeto a la leyes, al acatamiento de las leyes, que nadie se vuelva loco», dijo Maduro, que continuará fuera del país en su gira que proseguirá en Catar, Arabia Saudí e Irán.
Entretanto, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, apuntó que el oficialismo emprenderá más acciones judiciales contra los impulsores del revocatorio quienes, sostuvo, «deben ir presos».
Entretanto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), Diego Padrón, llamó a evitar la violencia y a mantener la esperanza, al tiempo que lamentó el «duro golpe» que «sufrió» el pueblo venezolano con la suspensión del plebiscito.
En el plano internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, equiparó al Gobierno de Maduro con una dictadura pues, señaló, «solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el Legislativo y tienen presos políticos».
Por su parte, el expresidente del Gobierno español Felipe González dijo que la decisión del poder electoral venezolano es una manifestación del deseo de Maduro de querer «evitar que el pueblo se pronuncie en una elección».
Además, Estados Unidos lamentó que se haya «bloqueado» un «importante derecho constitucional».
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