La ONU pidió este martes a la Justicia de Filipinas que investigue al presidente de este país, Rodrigo Duterte, por los asesinatos que ha admitido haber cometido cuando era alcalde de la ciudad Davao, y por incitar a la gente a seguir su ejemplo.
Este petición surge después de que el mandatario dijera en una entrevista, la semana pasada, que había patrullado personalmente las calles de Davao en su motocicleta y había matado a gente.
«Las autoridades judiciales de Filipinas deben demostrar que están comprometidas con mantener el Estado de derecho y su independencia del Ejecutivo abriendo una investigación por asesinato», recomendó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Husein.
El alto responsable de los derechos humanos sostuvo que «es impensable que un sistema judicial que funcione no decida lanzar una investigación y un proceso judicial contra alguien que ha admitido abiertamente ser un asesino».
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU sigue con atención la situación en Filipinas por los repetidos llamamientos del presidente a la policía, a los militares y al público en general para que participen en lo que ha denominado «guerra contra las drogas» y que supone capturar a los supuestos criminales «vivos o muertos».
Se considera que tales aserciones están atizando la violencia y creando una situación de total impunidad.
Duterte asumió la presidencia de su país a finales del pasado junio y se estima que desde entonces al menos 6.100 personas han sido asesinadas, sea por la policía, agentes de vigilancia o por mercenarios.
Estos habrían actuado en respuesta a las arengas del presidente, quien hace unos días indicó que no cederá en esta «campaña contra las drogas».
Por el contrario, afirmó que proseguirá «hasta el último día» de su mandato y «hasta que todos ellos hayan muerto».
En una declaración emitida por su oficina, Zeid consideró que, en vista de estas circunstancias, sorprende que haya tan poca información sobre procesos abiertos a los que perpetran esas ejecuciones sumarias.
También denunció que hasta niños de cinco años han sido víctimas de esta «epidemia de ejecuciones».
Zeid también dijo que es ilegal que el gobierno haya ofrecido «inmunidad a los policías que participan en violaciones a los derechos humanos».
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