La Organización de Estados Americanos (OEA) recortó este lunes en 11 millones de dólares su presupuesto para 2017 y dejó prácticamente intacta la financiación para su sistema de derechos humanos, pese a que esos organismos habían pedido un notable aumento de fondos para superar su deficiencia financiera.
En una Asamblea General Extraordinaria, los 34 países miembros de la OEA aprobaron un presupuesto de 73,5 millones de dólares, frente a los 84,3 millones que autorizaron para financiar la organización durante este año.
El recorte se debe en parte, según fuentes del organismo, al retraso de varios países -notablemente Venezuela y Brasil- en el pago de sus cuotas, además de a las diferencias de los países respecto a las áreas que deben ser prioritarias para la organización.
En marzo pasado, el Consejo Permanente había dado al secretario general del organismo, Luis Almagro, el mandato de recortar 12 millones de dólares de gastos en 2017 para subsanar el agujero presupuestario causado por el impago de cuotas.
La resolución aprobada otorga 5,64 millones de dólares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que supone un leve aumento respecto a los 4,9 millones que recibió en 2016, pero muy inferior a los 18,2 millones que ese organismo autónomo había solicitado para este año.
En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tendrá un presupuesto de 2,75 millones de dólares frente a los 2,6 con los que cuenta este año, y de nuevo menor a los 6,97 millones que había solicitado ese órgano con sede en San José (Costa Rica).
Los dos órganos que forman el sistema interamericano de derechos humanos habían pedido ese incremento después de dar por superada en septiembre la peor crisis financiera de su historia, al considerar que si no se aumentaba sustancialmente su presupuesto, sería difícil evitar una situación similar el próximo año.
Además de los fondos que reciben de la OEA, ambos organismos sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias, y por tanto inciertas, que recaban entre países de dentro y fuera del sistema y varias entidades.
El embajador de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, aseguró en la sesión que mantiene su propuesta para «duplicar» los fondos de esos organismos, y confió en que «se pueda adoptar en la Asamblea General» que se celebrará en su país en junio de 2017, una posibilidad que respaldaron Estados Unidos y Perú.
Por su parte, el representante de Argentina, Juan José Arcuri, lamentó que no se tomara «en cuenta» su propuesta de redireccionar a la CIDH y la Corte «fondos provenientes del fondo regular» de la OEA y dedicados ahora a otros temas.
«Se trata de una decisión política que los Estados han tomado: no reasignarle ningún recurso extra al sistema interamericano de derechos humanos con los fondos existentes», indicó Arcuri.
Los representantes mantuvieron además un intenso debate sobre el aumento preliminar del 3 % en las cuotas de cada uno de los Estados miembros que está incluido en el presupuesto, y que supondrá el aporte de unos 4 millones de dólares más a la organización, una idea a la que se opusieron en la sesión Venezuela, Brasil y Canadá.
El presupuesto dedica 2,7 millones a la Secretaría General, otros 12 millones a la oficina del Secretario General Adjunto (de la que dependen numerosos mecanismos administrativos) y unos 3,3 millones a actividades de fortalecimiento de la democracia, entre ellas la observación electoral.
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