Movimiento civil panameño exige «obligatorias auditorías» a Odebrecht

El movimiento Ciudadanos Contra la Impunidad realizó hoy en ciudad de Panamá un piquete frente a la Controlaría General de la República (CGR) para exigir las «obligatorias auditorías» a todas las obras hechas por Odebrecht, envuelta en un escándalo de sobornos.
Los manifestantes gritaron consignas contra la corrupción y la impunidad, y para demandar que la CGR cumpla con sus atribuciones y examine las obras ejecutadas por Odebrecht en el país para determinar posibles sobrecostos y anomalías contractuales, indica una carta del grupo dirigida al contralor, Federico Humbert.
A la protesta, de una veintena de personas, los activistas sumaron un caballo de paso, al que colocaron en la entrada de la Contraloría, para criticar las supuestas aspiraciones presidencialistas de Humbert y su autodesignación como abanderado de una cabalgata en una fiesta patronal de la provincia occidental de Chiriquí.
«Queremos un contralor, no un encubridor», «No vaya a cabalgar, póngase a auditar», fueron algunos de los lemas que se escucharon en la manifestación.
El catedrático y constitucionalista Miguel Antonio Bernal, uno de los líderes del movimiento, dijo a Efe que el piquete es parte de las acciones que realizan para exigir «la rendición de cuentas y la transparencia necesaria frente al escándalo de Odebrecht».
Bernal añadió que la CGR «ha sido uno de los pilares para el mega atraco que ha perpetrado Odebrecht en Panamá» pues «siempre les ha refrendado, pese a la oposición ciudadana, toda serie de contratos llenos de sobrecostos y sobreprecios que han servido para las coimas (sobornos)».
«Entonces venimos a exigirle, como funcionario que es, que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales, y si no, que se vaya (del cargo)».
El activista censuró que en vez de cumplir con las auditorías a Odebrecht, el contralor «ande detrás de una carrera presidencial» y que ahora «haya decidido autoponerse de abanderado en la cabalgata de David (capital de Chiriquí) el 19 de marzo, en lugar de estar auditando».
«Nosotros no queremos a un contralor que ande cabalgando, queremos un contralor que esté auditando las 24 horas al día», remarcó Bernal, quien señaló que hasta ahora Humbert no ha dicho que vaya a auditar a Odebrecht, sino que (la) va a evaluar, «eludiendo (así) su responsabilidad y lo que le corresponde».
Bernal criticó que en esta evaluación Humbert se haga acompañar de organismos empresariales «que no tienen la responsabilidad del audito».
El pasado 14 de febrero, Humbert anunció que los costos de 7 proyectos de infraestructura, entre ellos el emblemático paseo costero de la capital de Panamá construido por Odebrecht, serán evaluados por la CGR y el principal gremio empresarial, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP).
Los sobornos de Odebrecht en Panamá, por al menos 59 millones de obras, y las denuncias por supuestos sobrecostos en las obras que ha realizado, han generado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años y salpicado a personalidades de varios sectores.
El Ministerio Público y la Contraloría han sido criticados por la supuesta lentitud y opacidad de sus investigaciones, ante lo cual la fiscal general, Kenia Porcell, ha respondido que son procesos complejos que implican tramas internacionales difíciles de rastrear.
Al tema de Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño, se suman recientes denuncias del uso irregular y clientelista de millones de dólares en donaciones que hacen diputados de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) a personas y grupos sociales.
La AN ha creado comisiones para investigar ambos casos, mientras que la Contraloría ha informado del inicio de auditorías frente a las dos denuncias.
El pago de sobornos de Odebrecht se reveló en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que indica que la constructora, implicada en la trama de corrupción Lava Jato, en Brasil, pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países, entre ellos Panamá.
El Ministerio Público panameño ha imputado en una de sus investigaciones a Odebrecht al hermano y a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Mario, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, respectivamente.