El ministro brasileño de Justicia, Alexandre de Moraes, quedó a un paso de integrar la Corte Suprema, para la que fue sugerido por el presidente Michel Temer, en medio de críticas por el carácter político de la postulación.
De Moraes compareció ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, el primero de los dos pasos para llegar al Supremo, y durante unas once horas respondió a preguntas de los 27 miembros de esa instancia, en la que es mayoría la base oficialista.
Su candidatura, sugerida por Temer por imperativo constitucional, fue aprobada por 19 votos a favor, 7 en contra y uno en blanco y ahora deberá pasar el miércoles por el cribo del pleno del Senado, que también está completamente controlado por la base oficialista.
La minoritaria oposición volvió a criticar hoy la candidatura de De Moraes a ocupar la vacante dejada en enero por el magistrado Teori Zavascki, quien falleció en un accidente aéreo y era el instructor de las investigaciones sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.
El escándalo salpica a decenas de políticos tanto oficialistas como de la oposición y, de hecho, la comisión hoy estaba presidida por Edison Lobao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, e investigado en el Supremo por esos asuntos, igual que otros de los miembros de ese grupo.
Una situación similar se verá este miércoles en el pleno del Senado, que entre sus 81 miembros tiene 44 sospechosos de prácticas corruptas, que en el futuro deberán ser analizadas por la Corte Suprema.
El senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó en nombre de la oposición que la candidatura propuesta por Temer persigue «proteger» a los miembros de su base política de esas investigaciones.
Lo mismo sugirió la senadora Gleisi Hoffmann, también del PT y sospechosa de haberse beneficiado de esa red corrupta, quien sin ambages dijo que De Moraes podría comportarse como un «agente» del Gobierno en la Corte Suprema.
«Vivimos tiempos sombríos», declaró Hoffmann, quien recordó que el ministro tildó en el pasado al PT de «banda de ladrones» y preguntó si esa opinión pesaría si tuviera que juzgarlos.
De Moraes evitó una y otra vez el embate directo y su respuesta ante cada cuestión similar fue que, si fuera aprobado, su compromiso será «con la Constitución y las leyes», con el «debido proceso» y las «normas que rigen la República».
La larga sesión de preguntas fue reflejo de la composición de la comisión, con una fuerte presencia de la mayoritaria base política oficialista, que fue complaciente en sus cuestiones y permitió que De Moraes se explayara en sus conocimientos jurídicos sobre todo tipo de asuntos, con especial en aquellos constitucionales.
El ministro solo respondió con énfasis cuando se le preguntó por sus supuestos vínculos con el llamado Primer Comando de la Capital (PCC), una violenta banda nacida en las prisiones, con tentáculos en las calles y que fue responsable de una reciente ola de violencia carcelaria que dejó unos 150 muertos.
Las versiones sobre los alegados nexos del ministro con el PCC se originaron en el hecho de que, como abogado, defendió en un juicio a una empresa de transporte sobre la cual se sospecha que sirvió para blanquear dinero producto de las acciones delictivas de esa banda.
«Jamás fui abogado del PCC», afirmó De Moraes, quien agregó que su bufete tenía «innumerables clientes» y entre ellos estaba esa empresa de transporte, a la que su despacho solo defendió en un juicio relativo a una «indemnización por un accidente de tránsito».
El ministro atribuyó los rumores a una «campaña» en su contra que circuló en las redes sociales a fines de 2014, cuando fue nombrado secretario de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo.
«Hubo una investigación sobre esa empresa y el PCC, pero no fue comprobada ninguna relación y un tribunal ordenó retirar de todas las redes sociales las invenciones que relacionaban al bufete con ese grupo criminal», aseguró De Moraes.
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