Mexicanos se lanzan a la calle en el segundo aniversario de Ayotzinapa
"Faltan 43", fue la consigna de los miles de mexicanos que salieron a las calles a clamar por justicia tras dos años de la desaparición de los estudiantes de Guerrero (EFE)

Mexicanos se lanzan a la calle en el segundo aniversario de Ayotzinapa

Miles de personas se manifestaron en la capital mexicana el día que se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, estado de Guerrero, para pedir justicia por el caso y señalar los escasos avances del Gobierno en la investigación.

«Estamos como al principio, no tenemos nada, solo un expediente voluminoso y cientos de testimonios que no contribuyen a saber qué pasó», afirmó a Efe el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, al inicio de la marcha, que arrancó desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo en la capital azteca.

El Gobierno ha rechazado seguir las líneas de indagación que propusieron los expertos internacionales que trabajan en el caso, y «el 70 % de los recursos» utilizados en el caso Ayotzinapa han ido destinados a «tergiversar la investigación», subrayó el abogado.

Agrupaciones de defensores de derechos humanos, de estudiantes, campesinos y maestros, entre otras, marcharon detrás de los padres de los estudiantes, quienes portaban carteles con el rostro de sus hijos y vestían chalecos rojos con el texto «Faltan 43».

«Tenemos que crear una conciencia colectiva y que este tipo de actos nos ayuden a que la sociedad que no está enterada se empiece a involucrar un poco con lo que está pasando en el país», apuntó a Efe Julio César, estudiante que en varias ocasiones ha participado en las marchas por los desaparecidos en el municipio de Iguala.

Otra de las asistentes, Celia, dijo estar presente en la marcha en apoyo al caso de los estudiantes, pero también por «las injusticias del país» y para que las autoridades se den cuenta de que «todos estamos en contra del mal Gobierno».

Este último fue un punto de vista compartido por varios de los participantes, que llevaban pancartas achacando la responsabilidad de la desaparición a figuras como el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, o Tomás Zerón, titular hasta este mismo mes de la Agencia de Investigación Criminal.

«De Iguala a los Pinos, cárcel para los asesinos», señalaba una de las muchas pancartas que plagaron el recorrido, durante el cual también pudieron verse otras que hacían referencia a los cerca de 28.000 casos de desapariciones en todo el país.

«Aquí está la lucha del pueblo mexicano, que no olvida, que no perdona, que tiene memoria», defendió uno de los normalistas -estudiantes de magisterio- que tomaron el micrófono en un tramo del recorrido.

Los manifestantes hicieron una parada cuando llegaron al llamado antimonumento de los 43, un gran 43 de color rojo enclavado en un punto neurálgico del Paseo de la Reforma.

Allí algunas de las madres pronunciaron unas palabras y a continuación se realizó una cuenta unánime del 1 al 43, que -como es habitual- terminó con el grito de «¡justicia!».

La marcha prosiguió y finalmente arribó, dos horas después de su inicio, al Zócalo, donde los padres entraron con el cántico «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos» y subieron al escenario en el que se celebró un mitin.

Frente al Palacio Nacional se dispuso una pancarta con el rótulo «Basta de impunidad. Gobierno traidor».

«No vamos a conmemorar, vamos a protestar, a luchar y a derrocar a este Gobierno podrido», afirmó el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, antes de dar paso a los testimonios de los padres.

Epifanio Álvarez, padre de uno de los desaparecidos, rechazó hablar de los normalistas en pasado, porque «deben estar vivos, y así los vamos a estar esperando, vivos».

Fueron constantes las referencias al presidente, las cuales eran contestadas con silbidos por parte de los asistentes.

«Le estamos demostrando (a Peña Nieto) que esto no va a acabar como él pensó», aseveró Álvarez.

Según la versión oficial, cuestionada por los familiares y por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los jóvenes fueron detenidos por policías en Iguala y entregados a miembros de un grupo criminal, quienes los asesinaron, incineraron en un vertedero y arrojaron sus restos a un río.


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