El empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, declaró este viernes en Curitiba ante un juez auxiliar de la corte suprema en el marco de la homologación de las delaciones de antiguos directivos de la compañía por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
En una audiencia en la sede de la Justicia Federal de Curitiba, el ejecutivo fue escuchado por el juez Marcio Schiefler Fontes, auxiliar del fallecido magistrado Teori Zavascki, instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF) y quien murió junto a otras cuatro personas en un accidente aéreo la semana pasada.
El ejecutivo, que está preso desde junio de 2015 y ya fue condenado a 19 años en uno de los procesos del caso, fue escuchado durante casi dos horas por el juez Schiefler Fontes, en el último proceso para homologar el acuerdo de delación con la Justicia a cambio de una reducción de pena.
El traslado del empresario desde la Superintendencia de la Policía Federal del estado de Paraná, también en Curitiba y en donde está preso, hasta la sede de la Justicia Federal se realizó bajo un fuerte esquema de seguridad y los detalles de la declaración se han mantenido en secreto por parte de la corte suprema.
La Justicia ya escuchó a la mayoría de los 77 ejecutivos y antiguos directivos de la constructora que intentan homologar su delación.
La última audiencia previa a la homologación de los acuerdos tiene como propósito que los acusados declaren que hacen el acuerdo de manera libre y espontánea, sin presión de la Fiscalía.
A pesar de la muerte de Zavascki y de que no se ha decidido su reemplazo en la corte para continuar al frente del caso, la presidenta del STF, Carmen Lucia, atendió un pedido del procurador general de la República, Rodrigo Janot, y autorizó al equipo del fallecido magistrado a continuar el trabajo de homologación.
La constructora brasileña está envuelta en el gigantesco caso de corrupción en Petrobras y sobornos en varios países.
De acuerdo con la Justicia brasileña, la constructora pagaba millonarios sobornos para adjudicarse los contratos de Petrobras y ofrecía financiación electoral ilegal a los políticos que amparaban las corruptelas en Brasil y otros países de Latinoamérica y África.
En diciembre pasado, el grupo Odebrecht anunció la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
En paralelo a esos acuerdos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela», según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
En el acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña, la mayor constructora del país, además de admitir su culpa, pagar una multa y comprometerse a no repetir las mismas prácticas, colaboró en las investigaciones por medio de las delaciones ofrecidas por los 77 ejecutivos y exaltos cargos de Odebrecht.
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