El presidente del gremio empresarial de Panamá, Jorge García, afirmó que las razones esgrimidas por Colombia para seguir restringiendo algunas importaciones panameñas, con el objetivo de evitar el blanqueo, son una «falta de respeto» y equivalen a decir que «todos los colombianos son narcotraficantes».
«Acusar de blanqueadores a todos los empresarios de la Zona Libre de Colón -la principal zona franca de Panamá– es injusto. Es como si yo dijera que todos los colombianos son narcotraficantes», denunció en declaraciones a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
El Gobierno de Colombia suspendió a principios de mes un arancel mixto al calzado y los textiles procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC), rechazado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero aprobó dos decretos que endurecen los controles aduaneros y que dificultan de igual manera las importaciones de dichos productos.
Tal y como ocurrió en 2012 cuando se implantó el ya extinto arancel, el Gobierno de Juan Manuel Santos tomó la nueva medida para evitar que el comercio se utilice para actividades relacionadas con el contrabando y el lavado de dinero.
Según García, Colombia «tiene todo el derecho a protegerse» de las actividades ilícitas pero no debe olvidar que ambos países tienen una relación comercial «muy importante» y que son «países hermanos».
«Panamá y Colombia se han atrancado en esta guerra comercial que parece que no termina nunca y que no es tan relevante, y han dejado de hablar de temas importantes como la negociación del Tratado de Libre Comercio, que está paralizada, la interconexión eléctrica o el intercambio de información», sostuvo el presidente de la CCIAP.
«Más vale un mal arreglo que una buena pelea, es bueno que se sienten a hablar, no podemos seguir dilatando esto», añadió.
El conflicto arancelario entre ambos países se inició en 2012, cuando Colombia empezó a aplicar aranceles de 10% a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la ZLC, la zona franca más grande del continente ubicada en el Caribe panameño.
Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar que la decisión de Colombia violaba los compromisos comerciales adquiridos por ambos países y a principios de junio pasado el organismo internacional falló a su favor.
Colombia, en vez de acatar inmediatamente el fallo, anunció la prórroga del arancel y Panamá respondió incrementando la tasa de importación de varios productos procedentes, por lo general, de suelo colombiano (flores, carbón y cemento).
El país centroamericano también aprobó una ley de retorsión que establece medidas migratorias y comerciales contra aquellos países que le discriminen, aunque todavía no ha llegado a aplicarla.
El pasado 2 de noviembre, Colombia decidió sustituir el arancel mixto por dos decretos que contemplan endurecer los controles aduaneros, a lo que Panamá respondió creando una comisión de alto nivel para encarar las nuevas medidas, que todavía no se ha pronunciado.
La zona libre, donde operan 3.000 empresas y trabajan más de 23.000 personas, atraviesa desde hace años una de las peores crisis de su historia. Sus ingresos experimentaron el año pasado una caída de 7,6%, mientras que en 2014 y 2013 descendieron 12,3% y 10,9%, respectivamente.
La guerra arancelaria es una de las principales causas del declive de la ZLC, aunque también ha contribuido la situación económica que atraviesa Venezuela (que junto a Colombia es uno de sus principales clientes), la revalorización del dólar y la desaceleración china.
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