Tras una breve pausa en Año Nuevo la sangre volvió a correr en Filipinas, sobre todo en los barrios más pobres, donde las balas segaron nuevas vidas en plena cruzada del presidente Rodrigo Duterte para eliminar las drogas a cualquier precio.
Un arroyo de aguas fecales divide el «barangay» (barrio) 132 de la ciudad de Pasay, en el área metropolitana de Manila, e impregna la zona de un olor irrespirable la medianoche del martes; a ambos lados hay chabolas y en la puerta de una de ellas yace el cadáver ensangrentado de Antonio Perez, de 33 años y mecánico de profesión.
Mari Luz, de 36, convivía con él desde hace dos años en este habitáculo improvisado con chapas de madera de menos de cuatro metros cuadrados y tan bajo que no permite ponerse de pie. Sus gritos desesperados rompen el silencio de la madrugada a la espera de que los forenses vengan a recoger el cuerpo.
Tres disparos en la espalda acabaron con la vida de Antonio. «No sabemos quién lo hizo», comenta un agente, mientras muestra a Efe -que llegó al lugar justo después de la ejecución- un informe preliminar escrito a mano: «objetos hallados en el lugar del suceso: casquillo calibre 45 y papelina de shabú (metanfetamina)».
El caso ha pasado a engrosar la lista de las «muertes bajo investigación», aproximadamente la mitad de las más de 6.100 ejecuciones extrajudiciales que ha dejado hasta el momento la «guerra contra las drogas» iniciada por Duterte en junio del año pasado.
La mayoría de las «muertes bajo investigación», que paradójicamente casi nunca acaban siendo investigadas, corren a cuenta de los «vigilantes», patrullas vecinales callejeras que ajustician a presuntos drogadictos o narcotraficantes aprovechando el clima de impunidad que les brinda la Administración.
Los vigilantes suelen embalar los cadáveres de sus víctimas con cinta aislante y adherir carteles con frases como «Yo era «pusher» («camello»), no sigas mi ejemplo». En este caso no tuvieron tiempo; la comisaría está a solo 300 metros de distancia.
Duterte ganó las elecciones presidenciales del pasado mayo con la promesa de eliminar el problema de la droga en sus primeros seis meses de mandato -más tarde los prorrogó a doce- y ha instado en numerosas ocasiones a agentes y ciudadanos a asesinar a narcotraficantes y drogadictos.
Otras ejecuciones de la «guerra contra las drogas», menos de la mitad, son cometidas por los policías, que tienen la orden de disparar a matar si consideran que el sospechoso opone resistencia.
Este es el caso de dos jóvenes -pequeños narcotraficantes según el informe policial- que en esa mima noche, envalentonados por el «shabú», irrumpieron en un lavadero de coches de un barrio cercano para robar aparatos electrónicos.
Los agentes, que les esperaban en la puerta del establecimiento, apretaron el gatillo sin preguntar, según reportes de prensa.
Mientras, en el «barangay» 132, ahogados ya los gritos de su compañera, el destartalado chamizo de Antonio permanece abierto. Hay un paquete de tabaco, ropa sucia, dos ventiladores y una sábana, todo impregnado de sangre.
Los vecinos se refugian en sus chabolas en miniatura y solo María, una mujer menuda de 62 años y ojos asustadizos, está dispuesta a hablar.
«En este barangay hay muchos problemas con las drogas. Hace poco un adicto al shabú retuvo durante horas a su hija pequeña con un cuchillo en el cuello y tuvo que intervenir la Policía», relata.
Duterte, que en diciembre pidió disculpas por las vidas de inocentes segadas en su particular campaña, mantiene que el fin justifica los medios; que no es problema acabar con miles de vidas de forma más o menos arbitraria si esto sirve para poner a salvo a los 100 millones de filipinos de las drogas y crímenes relacionados.
La crueldad de su presidente no parece importar tanto a los ciudadanos -un 85 por ciento apoya la «guerra contra las drogas»- como a EEUU, la UE y organizaciones internacionales, que en los últimos meses han presentado numerosas quejas y denuncias por violaciones de los derechos humanos.
«Soy el presidente de un país soberano y no responderé ante nadie excepto ante el pueblo filipino», advirtió Duterte el pasado septiembre en referencia al presidente estadounidense, Barack Obama, segundos antes de llamarlo «hijo de puta» en el más polémico de los numerosos excesos verbales del controvertido líder asiático.
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