Choi Soon-sil, conocida como la «Rasputina surcoreana» y centro de un sonado caso de corrupción, negó hoy haber obtenido ningún beneficio o privilegio, durante su declaración en el proceso sobre la destitución de la presidenta Park Geun-hye.
«Nunca he obtenido beneficios ni privilegios. Esto obedece a conclusiones precipitadas», dijo durante la audiencia Choi, de 60 años y encarcelada desde noviembre, en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.
Choi negó ante el Tribunal Constitucional, al igual que ya hizo ante el Parlamento y ante el tribunal penal que investiga el caso, los cargos que se le imputan, entre los que destacan abuso de poder, chantaje o intento de fraude.
La declaración se produjo en la quinta sesión del proceso para estudiar la destitución de la presidenta surcoreana, Park Geun-hye, aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento) el pasado 9 de diciembre ante las sospechas de que cooperó con Choi, su amiga íntima, para crear una trama que extorsionó a grandes empresas.
El grupo de la fiscalía a cargo de investigar la trama considera que Choi, con la connivencia de Park, extorsionó a los principales conglomerados del país para que ingresaran unos 77.400 millones de wones (unos 61 millones de euros/65 millones de dólares) en dos fundaciones que ella controlaba.
La investigada se quejó ante la corte de los procedimientos del equipo de investigación de la fiscalía, a su juicio cargados de presión, y por momentos levantó la voz para responder al tribunal lo que a su entender eran «preguntadas sesgadas».
Choi también defendió la inocencia de la presidenta, aunque admitió visitarla con cierta frecuencia, ayudarla en «asuntos personales» y haber tenido acceso a borradores de discursos de Park -considerados material confidencial presidencial- y modificarlos para darles más «emoción».
El Constitucional surcoreano tiene hasta principios de junio para ratificar o desechar el «impeachment» de Park aprobado por el Parlamento.
En caso de aprobarse su destitución deberían celebrarse elecciones presidenciales en Corea del Sur en un plazo no superior a 60 días desde la emisión del veredicto.
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