La muerte de Fidel Castro ha vuelto a poner en primer plano la incógnita sobre el embargo a Cuba que durante más cinco décadas ha mantenido Estados Unidos y cuyo futuro ahora dependerá de la nueva administración del presidente electo, Donald Trump.
Tras el acercamiento y normalización de relaciones registrados en los últimos dos años de gestión presidencial de Barack Obama, incluida la reapertura de embajadas, el fin de su administración y la llegada, a partir del próximo 20 de enero, del Gobierno de Trump, abre una etapa de incertidumbre sobre el futuro de las sanciones.
En estos casi dos años Obama ha restablecido los vuelos directos a Cuba, ha aliviado algunas trabas comerciales y ha suavizado ciertas restricciones de viajes de estadounidenses a la isla, pero todo ello mediante decretos, ya que no ha contado para hacerlo con el apoyo del Congreso, de mayoría republicana en ambas cámaras.
Durante su campaña presidencial, Trump anunció en un principio que condicionaría el acercamiento a Cuba a la apertura del régimen comunista cubano y a avances en el terreno de los derechos humanos, pero acabó por prometer revertir los pasos dados por Obama.
Pero algunos analistas consideran que el magnate de los hoteles y los casinos tendrá que atemperar esa postura debido a las presiones que recibirá de parte de los empresarios estadounidenses que llevan décadas anhelando hacer negocios con Cuba.
Entre ellos está el pensador político Noam Chomsky, que en una reciente entrevista con Efe aseguró que las presiones de las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios con la isla en terrenos como la biotecnología, el farmacéutico, la agroindustria o el turismo podrían condicionar las promesas electorales de Trump.
En principio, el embargo no tiene por qué cambiar, ya que el Congreso, que es en última instancia el encargado de dictar un cambio de política en este sentido, sigue en manos republicanas en las dos cámaras, y aparentemente los que propugnan el fin del embargo no cuentan con el apoyo suficiente para un cambio.
Y de cumplir sus promesas, Trump pondría fin a una nueva relación emprendida por Obama con el presidente Raúl Castro y que fue escenificada en una reunión en la Cumbre de las Américas de Panamá, lo que precedió a la reapertura de embajadas en el verano de 2015.
A partir de ese momento, el Gobierno de EEUU retiró a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, se reanudaron los vuelos directos entre ambos países y se suavizaron ciertas sanciones económicas y comerciales, de manera limitada.
Y en octubre pasado, Estados Unidos se abstuvo por primera vez en la ONU en un voto de condena al embargo sobre Cuba, lo que supuso una nueva muestra de acercamiento y de la voluntad de la Administración Obama de dejar atrás esta política.
Pero el Gobierno de Obama, quien en marzo pasado viajó a Cuba con su familia y se reunió con Raúl Castro y con disidentes, va terminar sin haber logrado el apoyo suficiente en el Congreso, en manos republicanas en ambas cámaras, para impulsar el levantamiento total de las sanciones del embargo, lo que decide el legislativo.
El embargo depende de una serie de disposiciones legales que impiden al presidente estadounidense revocarlo inmediatamente, y es únicamente el Congreso el que tiene esa competencia.
Estas disposiciones están recogidas en la Ley Helms-Burton de 1996, que endureció el bloqueo económico, comercial y financiero contra La Habana y que establece claramente que mientras un miembro de la familia Castro esté en el poder, el presidente de EE.UU. no podrá solicitar al Congreso el fin de la medida coercitiva.
Raúl Castro, hermano de Fidel, asumió el poder en 2008 después de haberlo hecho de manera temporal desde julio de 2006, cuando el comandante fue sometido a una complicada intervención quirúrgica intestinal.
La Ley Helms-Burton fue promulgada en marzo de 1996 después de que cazas de la Fuerza Aérea de Cuba derribaran dos avionetas de la organización de exiliados cubanos «Hermanos al Rescate» sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, en un momento en el que se vislumbraba una posibilidad de acercamiento entre ambos países.
La ley incluyó, además, dos polémicas cláusulas que impedían a los empresarios extranjeros con negocios en EEUU hacer inversiones en Cuba, algo que fue recurrido por la Unión Europea, Canadá, México, Brasil, Argentina y otros aliados estadounidenses con relaciones comerciales con Cuba.
La Unión Europea (UE) acudió a la Organización Mundial de Comercio (OMC) por considerar que los títulos III y IV de ley constituían una aplicación extraterritorial y dañaban a las compañías europeas.
La UE suspendió el procedimiento ante la OMC en 1998, después de alcanzar un acuerdo político con Washington por el que el entonces presidente Bill Clinton se comprometía a congelar cada seis meses la aplicación de esos títulos, algo que ha seguido haciéndose.
Entre los requisitos para iniciar los trámites para levantar el embargo, la ley recoge que las autoridades cubanas tienen que legalizar toda actividad política, liberar a todos los prisioneros políticos y expresar su compromiso público de convocar unas elecciones libres y justas para formar un nuevo gobierno.
También pide la disolución del departamento de seguridad nacional dentro del Ministerio del Interior, incluidos los comités para la defensa de la revolución y las brigadas de respuesta rápida.
Además tienen que comprometerse a establecer un sistema judicial independiente, respetar los derechos humanos y permitir grupos sociales, económicos y políticos independientes, entre otras condiciones.
Estados Unidos ha mantenido un embargo unilateral a Cuba desde 1962 en un intento de presionar al régimen castrista para propiciar un cambio político en la isla hacia una democracia.
Washington ya había endurecido años antes el bloqueo inicial con la ley conocida como Ley Torricelli (1992), por la que se prohibió entrar en puertos estadounidenses durante seis meses a barcos que hayan comerciado con Cuba.
Este embargo, que el gobierno estadounidense ha intensificado y relajado en intentos por mejorar su tortuosa relación con Cuba, prohíbe la mayoría de los viajes e impide a las compañías estadounidenses hacer negocios en la isla.
En 2004, el entonces presidente George W. Bush promulgó nuevas normas para aumentar las restricciones de los viajes a la isla y el envío de remesas, al tiempo que aumentó las ayudas a la disidencia.
Tras la llegada al poder de Obama, en 2009, se levantaron las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesas y paquetes humanitarios, así como la prohibición de enviar mercancías como semillas para la siembra o artilugios para la pesca.
La Casa Blanca flexibilizó además en 2011 las restricciones de viaje y envío de remesas de sus ciudadanos hacia Cuba, para permitir las visitas a la isla de estudiantes y de grupos religiosos y que se pueda enviar dinero a personas que no sean familiares.
Pero esos no fueron mas que señales previas al acercamiento que se produciría más adelante, y sobre el que ahora pende la incógnita sobre la política que adoptará el próximo presidente Trump.
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