La intervención militar de Estados Unidos en Panamá de 1989 volvió este viernes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la primera audiencia pública sobre el caso en más de veinte años.
Los peticionarios solicitaron a la CIDH una decisión «firme y completa» sobre la «responsabilidad internacional» de EE.UU. por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la intervención militar del 20 de diciembre de 1989, que se saldó con entre 500 y 5.000 muertos de acuerdo a diversas fuentes.
Estados Unidos pidió que la CIDH desestime este caso al menos hasta que haya concluido el trabajo de la Comisión Especial del 20 de diciembre, que Panamá instaló en julio de este año para investigar durante dos años la verdad de lo ocurrido en la invasión.
Esta comisión busca determinar la identidad y el número de víctimas, recomendar propuestas de reparación con el apoyo de expertos en derecho internacional e iniciar los estudios para una eventual propuesta curricular sobre los hechos del 20 de diciembre.
Los funcionarios del Departamento de Estado que representaron a Estados Unidos en la audiencia, celebrada en la sede de la CIDH en Washington, recordaron que su posición desde que se aceptó el caso en 1993 es que es «inadmisible».
Ahora, con la comisión panameña en marcha, Estados Unidos pide revisar la admisión del caso y, de cualquier modo, esperar a que la iniciativa nacional culmine su trabajo, con el que se ofrece a colaborar.
Jay Bischoff, asesor legal del Departamento de Estado, hizo hincapié además en que este es el caso relacionado con Estados Unidos que más tiempo ha estado pendiente en la CIDH, órgano que tiene «retrasos en otros 87 casos» sobre el país.
Por ello, argumentó que abordar el caso panameño cuando ya hay una iniciativa nacional en marcha «no es un buen uso de los recursos» de la Comisión, que arrastra un gran retraso procesal debido a su crónica insuficiencia financiera.
Gilma Camargo, abogada de los peticionarios panameños en la audiencia, consideró por su parte que desestimar este caso sería «irrespetuoso» e instó a la Comisión a que se pronuncie sobre «si Estados Unidos violó los derechos humanos» en su intervención en el país centroamericano.
«No estamos presentando casos nuevos, estamos impulsando que la CIDH tome una decisión ejemplar en el caso, que la CIDH venga a Panamá, donde hay aún desplazados, donde siguen las consecuencias físicas y emocionales en las familias», indicó la abogada.
«Les estamos pidiendo justicia, no tenemos un foro adicional, esta era la única instancia donde el pueblo panameño podía venir a pedir justicia», agregó.
A principios de los años 90 la CIDH celebró cuatro audiencias sobre la intervención militar de EE.UU. en Panamá pero el caso no volvió a escucharse hasta hoy, más de 20 años después, en el órgano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La parte más emotiva de la audiencia fue el testimonio de Yolanda Cortés de Varcasía, que narró cómo vivieron ella y su familia el día en que se lanzó la invasión y sus posteriores consecuencias.
«Mucha gente estaba comprando sus regalos, cenas de Navidad, no vivíamos de limosna sino del trabajo, de nuestro sudor, no éramos ricos, pero estábamos cómodos. Ahora estamos débiles, muchos han muerto», narró.
«Las secuelas han sido algo muy horroroso, padres y madres honrados que ahora son delincuentes y se dedicaron a las drogas», agregó.
La CIDH tiene ahora que estudiar las posiciones de las dos partes y durante su turno de palabra no ofreció ninguna pista sobre los siguientes pasos a seguir, ni tampoco si visitará Panamá.
La comisionada Margarette May Macaulay quiso destacar que la testigo ha tenido la oportunidad de hablar «de lo que le aflige».
«Que se escuche cualquier testimonio sobre una violación es muy importante y esperamos que se sienta bien de haberlo hecho», indicó la comisionada.
El comisionado Paulo Vannuchi expresó la «sensibilidad» de la CIDH por el dolor de la testigo y «el dolor de tantos», al tiempo que agradeció a Estados Unidos su contribución para la celebración de esta jornada de audiencias en Washington.
Así, queda en el aire qué posición tomará la CIDH sobre este caso que ha visto la luz pública en el órgano internacional más de 20 años después de ser admitido.
La captura del entonces general Manuel Antonio Noriega, debido a la amenaza a la seguridad de EE.UU. que suponía el incremento del narcotráfico que protegía, fue el argumento principal empleado por el presidente George H. Bush para enviar a 26.000 soldados a Panamá el 20 de diciembre de 1989.
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