El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá indicó el jueves que pedirá al Ejecutivo vetar el recién aprobado proyecto de ley que ordena el pago a los empleados públicos y privados de una bonificación extraordinaria retenida por más de una década y que tiene visos de inconstitucionalidad.
El ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que ese pago aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional genera una «carga inviable» al Presupuesto General del Estado de 2017.
Se trata de una obligación que representa más de 200 millones de dólares y que no tiene fuente de financiación disponible.
«Nos vemos en la obligación de pedir un veto presidencial para garantizar el manejo responsable de las finanzas públicas», remarcó De La Guardia, que ya anteriormente había mostrado su reserva hacia esta iniciativa legal por comprometer fondos del programa de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
Aunque no existen cifras actualizadas, el Gobierno panameño ha admitido que las finanzas del programa IVM están debilitándose cada día por el aumento del número de jubilados y pensionados y la disminución de los aportes, al quedar separado este esquema del nuevo método de contribuciones individuales que rige desde hace una década para los más jóvenes y que eliminó el régimen solidario.
El Ministerio de Economía y Finanzas recordó hoy que las retenciones aplicadas a la paga extraordinaria conocida como décimo tercer mes en el período de 1972 a 1983 se hicieron según a la Ley vigente en su momento, de modo que «no constituyen una deuda pendiente del Estado» pues la norma fue «cumplida a cabalidad».
El pago del décimo tercer mes, creado en 1972, se divide en tres partidas de las cuales la segunda fue destinada por Ley por el régimen militar (1968-1989) al Banco Hipotecario Nacional para un programa de vivienda social y después a la CSS para reforzar los fondos del programa de IVM de la institución.
En 1983 esto cambió y se ordenó por Ley que en vez de quedársela el Seguro Social se le entregara al trabajador, lo cual no ha variado desde entonces.
De La Guardia afirmó que «revertir todo eso ahora con una legislación como esta, que además tendrá efectos retroactivos por haber sido declarada como Ley de interés social, crearía un pésimo precedente».
«Este proyecto tiene visos de inconstitucionalidad», remarcó el ministro.
El Ministerio explicó en ese sentido que la Constitución Política del país establece que al parlamento le está prohibido «ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el Presupuesto General del Estado, salvo en casos de emergencia declarados expresamente por el Órgano Ejecutivo».
La norma constitucional también prohíbe al Órgano Legislativo «reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes», según la información oficial.
Roberto López, coordinador de los jubilados y pensionados que lucharon por la iniciativa legal, dijo este miércoles a periodistas que «después de una lucha tan larga» están satisfechos de haber logrado que el pago sea una Ley de la República.
Los aproximadamente 180.000 trabajadores que presionaron por la aprobación final del proyecto solo recibirán una parte de lo que se les adeuda en concepto de la bonificación que les fue retenida, pero prometieron presionar por el total del pago.
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