La Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Panamá instaló hoy una comisión que investigará «en detalle» el escándalo de los sobornos de Odebrecht y de otras empresas que puedan estar involucradas en corrupción para hacerse con obras de infraestructuras en el país, dijeron hoy fuentes parlamentarias.
La Comisión de Investigación para los Casos de Corrupción a Nivel Nacional la forman 11 diputados que representan a todas las fuerzas políticas de la AN, y es presidida por Elías Castillo del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien subrayó la «gravedad y alcance» de los sobornos de Odebrecht, que al menos suman 59 millones de dólares.
Castillo indicó que esta Comisión «debe investigar en detalle las implicaciones del escándalo de Odebrecht», el cual, resaltó, «según lo trascendido compromete a importantes sectores y personalidades de nuestra sociedad».
El también secretario general del Parlamento Latinoamericano dijo que «59 millones, o seguramente mucho más, hacen repugnantes las acciones de quienes, aún sabiendo las dificultades por las que atraviesan» los panameños que viven en la pobreza, «roban a manos llenas».
«No, señores diputados, esto no se puede quedar así (…). Si hay responsables o delitos en la Asamblea se deben conocer y sancionar, y si existen sectores, personalidades o altos funcionarios comprometidos con el latrocinio que ha significado el caso Odebrecht, el país lo debe saber», remarcó.
La comisión, que fue aprobada ayer en el pleno, pondrá su énfasis en los contratos de infraestructura en los periodos de gobierno de Martín Torrijos (2004-2009, Partido Revolucionario Democrático, PRD), Ricardo Martinelli (2009-2014, Cambio Democrático, CD) y Juan Carlos Varela (2014-, Partido Panameñista, PP).
Tendrá 90 días para terminar su investigación y rendir un informe al pleno legislativo sobre sus resultados, pero dicho plazo puede ser prorrogado.
Se contempla viajar a Brasil, «centro del escándalo», y contactar a los parlamentos de la región que investigan el asunto, indicó Castillo.
Pero reconoció que una investigación periodística sobre donaciones irregulares en el parlamento, «extrañamente oportuna y con propósitos inconfesables, parece empeñada en poner a prueba la autoridad de la AN para desempeñar su papel en este caso».
El escándalo de sobornos alcanzó al diputado Jorge Alberto Rosas del gobernante Partido Panameñista (PPa), quien no pertenece a la comisión, y fue denunciado por supuestamente haber recibido 1,5 millones de dólares de Odebrecht.
Rosas alega que fue un pago por servicios legales prestados por una firma de abogados a la constructora y no un soborno, según versiones de prensa.
Zulay Rodríguez, diputada del PRD y comisionada, dijo a Efe que algunos diputados panameñistas «como Rosas» se oponían a que se incluyera el nombre de Odebrecht en la investigación.
Rodríguez aseguró que desde ayer, lunes, cuando se creó la Comisión, ya han comenzado a llamar a sus miembros para facilitarles como pruebas «cuentas, transferencias bancarias y movimientos y hojas de ruta de dinero de la empresa Odebrecht».
La diputada perredista indicó que tiene «fe y esperanza» de que los resultados de la investigación sean vinculantes, y aclaró que estas indagaciones no interferirán con las del Ministerio Público (MP).
Rosas, por su parte, señaló a Efe que la comisión no tiene facultades de investigar delitos y debe mantenerse dentro de las funciones administrativas de la AN, así como ver los puntos que habrá que ajustar en los procesos de licitación «para evitar la corrupción».
El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, que participó de un piquete contra la corrupción frente a la AN, dijo a Efe que la creación de esta comisión es una «pantomima» con la que quieren «hacer ver al pueblo que van a hacer algo».
La dimensión internacional del embrollo se conoció a fines del 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, 59 millones de los cuales fueron a parar a Panamá entre 2009 y 2014.
Odebrecht, que es la principal contratista del Estado panameño y ejecuta actualmente proyectos de infraestructura que superan los 3.000 millones de dólares, se comprometió verbalmente en diciembre a pagar 59 millones de dólares al Estado, pero aún no ha firmado un acuerdo.
El MP adelanta en Panamá 6 investigaciones en torno a Odebrecht en las que hay al menos 17 imputados, entre ellos los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y su abogada Evelyn Vargas.
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