La Justicia peruana rechazó el recurso de queja para revocar la orden de 18 meses de prisión preventiva dictados contra el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en coimas de la empresa brasilera Odebrecht, informó hoy su abogado, Heriberto Benítez.
El representante legal atribuyó este rechazo a «formalidades» e indicó que con ello se incumple el artículo 278 del Código Procesal Penal, que contempla la posibilidad de presentar una apelación frente a una medida preventiva como la que existe sobre el exmandatario.
«La Sala señala que no se ha entregado el requerimiento que hizo el fiscal de la prisión preventiva; sin embargo, nosotros hemos ofrecido como prueba el video de toda la audiencia pública donde está el requerimiento, pero la sala ha considerado que no es suficiente el video», precisó el abogado al diario El Comercio.
Benítez criticó que la Primera Sala Penal Nacional esté valorando más el aspecto formal que el derecho de su patrocinado a defenderse.
«Espero que en 48 horas el Poder Judicial haga una enmienda, valore lo ofrecido, revise el Código Procesal Penal; si no lo hace, acudiremos al hábeas corpus, la única herramienta jurídica que queda para defender libertad de Alejandro Toledo», señaló más adelante en el canal de televisión ATV+.
Para el abogado, en este caso no existen garantías de un debido proceso; no obstante, aseguró que seguirán agotando todas las herramientas jurídicas posibles.
Además, indicó que la defensa legal del exmandatario considera necesario que el actual presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski brinde su testimonio en torno al caso Odebrecht.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 18 meses contra Alejandro Toledo por los presuntos 20 millones de dólares que habría recibido de la constructora brasilera Odebrecht, según información brindada por Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
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